La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó formalmente la sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex e implicado en el caso de Odebrecht.
La denuncia implica a 11 personas físicas y 33 morales por corrupción política por desvío de recursos públicos mientras fue director de la empresa estatal, de acuerdo con un comunicado publicado este domingo, vía Nacion 321
Lozoya, quien dirigió la petrolera entre 2012 y 2016 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue extraditado el año pasado de España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad.
La primera es por presuntamente recibir sobornos por 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
El otro juicio es por presuntamente comprar la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital.
La UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016 a través de contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, los cuales se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Detalló que en el primer grupo de operaciones, las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con Odebrecht.
Destacó especialmente una empresa, de la cual no especificó el nombre, a la que entre 2014 y 2016 le transfirieron más de 3 mil millones de pesos supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
La UIF también detectó un segundo grupo de empresas que recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.
Estas empresas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
Posterior a ser extraditado el 17 de julio de 2020 pactó un acuerdo con la Fiscalía General para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de denunciar en la trama de corrupción a 70 personas de la élite política mexicana.
En su extensa denuncia, el exdirector de Pemex implicó en sus actividades ilícitas a Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como a los expresidentes Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari.
Además de a varios legisladores de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos sobornos.
Síguenos