Durante el evento realizado en la sede del Congreso del Estado de México, la diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales tienen la responsabilidad de regular y supervisar el uso de la inteligencia artificial en el país.
Advirtió que México carece aún de un marco legal robusto en esta materia, a pesar del uso creciente de inteligencia artificial en múltiples procesos. Esto incluye el sistema de justicia penal. Este aumento en el uso de inteligencia artificial subraya la necesidad de una regulación adecuada.
Silva Mata también criticó que México no se ha adherido al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Esto impide aplicar en territorio nacional los lineamientos desarrollados en ese marco internacional.
Esto, dijo, abre la puerta a que personas juzgadoras utilicen estas herramientas en contextos sin regulación, lo que podría generar fallos sin un ejercicio pleno de criterio judicial.

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Algoritmos en la justicia penal
La presentación del libro Inteligencia artificial. Algoritmos en la justicia penal, casos prácticos, estuvo a cargo de su autor, Alfredo Tomás Calderón Martínez, especialista en derecho penal y director del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio (CISA).
Calderón compartió que el CISA ha desarrollado su propia herramienta de inteligencia artificial, llamada Victoria. Esta herramienta está destinada a apoyar a actores del sistema judicial: jueces, fiscales, defensores, asesores y estudiantes de derecho.
Entre las funciones de Victoria destacan:
- Organización y comprensión de procedimientos penales
- Explicación de derechos procesales
- Elaboración de teorías del caso
- Preparación de interrogatorios y contrainterrogatorios
- Verificación de peritajes en diversas materias
- Propuesta de penalidades ajustadas al grado de reprochabilidad
- Simulación de audiencias para la práctica estudiantil
Calderón enfatizó que estas aplicaciones buscan reducir el error humano, acelerar el análisis de datos y promover un acceso más equitativo a la justicia. Lo logran al facilitar la comprensión de la información legal y fomentar el uso de inteligencia artificial.

Ética, derechos humanos y supervisión legislativa
Ahora bien, advirtió que el uso de la inteligencia artificial en la justicia debe sujetarse a principios éticos, respeto a los derechos humanos y garantías institucionales. Destacó la importancia del uso idóneo de la inteligencia artificial en estos contextos.
Por ello, propuso que los congresos establezcan comisiones especializadas en inteligencia artificial, con atribuciones para:
- Legislar sobre su uso en los sectores público y privado
- Proteger derechos humanos
- Regular el acceso, uso y almacenamiento de datos
- Prevenir sesgos en los algoritmos
- Formar profesionales capacitados en su manejo
Hacia una legislación responsable
Tanto Silva Mata como Calderón coincidieron en que la legislación no puede ir detrás de la tecnología, especialmente en campos tan sensibles como el sistema penal.
Ante estudiantes y profesionales del derecho, hicieron un llamado a que el tema sea considerado una prioridad en la agenda legislativa nacional y local. Esto tiene el objetivo de garantizar un uso responsable, eficiente y justo de la inteligencia artificial en México.


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