Pues el gobierno progresista y defensor de los derechos de las mujeres de Miguel Ángel Mancera se está quedando corto en casa; tal parece que ni el Jefe de Gobierno de la CDMX, ni el Secretario de Desarrollo Social, se han enterado de las arbitrariedades y malos tratos que reciben las y los servidores públicos de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar por parte del Director General de Igualdad y Diversidad Social, Jesús Rodríguez Núñez.
El viernes 22 de julio del año en curso, notificaron a cuatro funcionarios de la unidad -tres mujeres con hijos pequeños y un hombre de la tercera edad-, que a partir del lunes 25 de julio cambiarían de sede laboral de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Delegación Iztapala a Cuajimalpa, de Cuajimalpa a Milta Alta y de Benito Juárez a Milta Alta; así, sin previo aviso, ni aparente falta de personal en los otros centros.
Durante un mes, ha faltado sensibilidad por parte de Jesús Rodríguez y de Erika Lerma Martínez, Jefa de la Unidad Departamental de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Cuajimalpa, y por el contrario, han sobrado los gritos, los malos tratos y las amenazas. Y esto es violencia laboral.
El asunto ha tomado tal notoriedad, que los servidores públicos afectados ya levantaron una queja ante Derechos Humanos de la CDMX solicitando que se les respeten sus derechos laborales.
Y esto pasa, justo cuando el diputado de Morena, Renato Josafat Molina Arias, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir al Secretario de Desarrollo Social de la CDMX a fortalecer las unidades de atención y prevención de la violencia familiar dependientes de esa Secretaría, a partir del respeto a los derechos humanos del personal que labora en dichas unidades.
El legislador subrayó dentro de la exposición de motivos que la capital del país ha sido pionera en la formulación de políticas públicas con perspectiva de género atendiendo los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como es el caso de la convención de Belem Do Pará que condenan todas las formas de violencia contra la mujer.
El dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el exhorto a Miguel Ángel Mancera de “instruir al Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México a que se cuide y respete desde la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos al personal que labora en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, a partir de la creación y del aseguramiento de condiciones de trabajo que permitan el resguardo su integridad física y emocional, condiciones que invariablemente tendrán que considerar el reducir su jornada laboral y el no distraer al mencionado personal con actividades ajenas a sus funciones primordiales que son la atención y prevención de la violencia familiar particularmente la que se ejerce contra las mujeres en este ámbito” y a destinar mayores recursos a las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para mejorar los espacios y contratar mayor personal.
No cabe duda que el buen juez, por su casa empieza.
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* Michel Quiroz es Maestra en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones y Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas
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