Durante los últimos 15 años, el transporte público en el Estado de México ha sido objeto de ajustes tarifarios constantes, todos justificados por las autoridades con el argumento de mejorar el servicio, modernizar unidades o garantizar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, la experiencia ciudadana refleja otra realidad: promesas sin cumplir, unidades obsoletas y un servicio deficiente que sigue deteriorándose.
La tarifa mínima, que en 2010 era de 5.50 pesos, podría alcanzar los 15 pesos en los próximos días, según confirmó el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso. La historia detrás de cada incremento revela un patrón preocupante de acuerdos rotos y ciudadanos cada vez más inconformes.
Aumento en 2010
En enero de 2010, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el costo del pasaje pasó de $5.50 a $7 pesos. La medida fue publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México en febrero de ese año y se justificó por la inflación acumulada y el encarecimiento de combustibles.
A cambio, las autoridades prometieron un programa de modernización del transporte, que incluiría la renovación de unidades obsoletas y mejoras en la capacitación de operadores. Sin embargo, la implementación de estos compromisos fue prácticamente nula y no se establecieron mecanismos de seguimiento o sanciones.
Aunque el aumento generó molestia en sectores populares, no se registraron movilizaciones importantes.
Incremento en 2013
Tres años después, en octubre de 2013, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas autorizó un nuevo aumento que elevó la tarifa mínima de $7 a $8 pesos. El ajuste quedó asentado en la Gaceta de Gobierno del 29 de octubre de ese año y fue presentado como una medida necesaria para enfrentar el incremento en los precios de insumos y mantener la viabilidad del sistema de transporte.
En esta ocasión también se hicieron promesas: modernización tecnológica del parque vehicular e instalación de sistemas de geolocalización (GPS). Sin embargo, las acciones implementadas fueron parciales y sin impacto significativo. Aunque hubo reclamos ciudadanos, no se registraron protestas de gran escala.
Tarifazo en 2017
El siguiente ajuste se produjo el 10 de septiembre de 2017, cuando la tarifa subió de $8 a $10 pesos, nuevamente bajo el gobierno de Eruviel Ávila. La medida fue publicada dos días antes en la Gaceta oficial y se justificó por el encarecimiento de la gasolina —que llegó a subir hasta 70 %—, la inflación y la volatilidad del tipo de cambio.
Las autoridades y los transportistas acordaron entonces instalar cámaras de videovigilancia, botones de emergencia, capacitar a los operadores y renovar las unidades que superaran los 10 años de antigüedad. Sin embargo, la mayoría de estos compromisos no se cumplieron y la ciudadanía, aunque crítica en medios y redes, no logró ejercer suficiente presión para revertir la medida.
Incremento en 2020
Fue en diciembre de 2019 cuando se aprobó el que muchos consideran el «tarifazo» más controversial. Bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza, se autorizó una nueva tarifa base de 12 pesos, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. La publicación apareció en la Gaceta del 19 de diciembre y fue justificada por la necesidad de modernizar profundamente el sistema de transporte.
Se prometió la instalación de cámaras, botones de pánico, GPS, un sistema de prepago, la capacitación de miles de operadores y la renovación del parque vehicular. Esta vez, las reacciones sociales fueron mucho más intensas.
Diversos sectores sociales se organizaron en rechazo al aumento. A través de redes sociales se impulsó una campaña ciudadana que convocaba a pagar solo 10 pesos del pasaje, con la intención de presionar a los transportistas a reducir la tarifa.
En Toluca, se realizaron manifestaciones en la Alameda y frente al Palacio de Gobierno; en Atizapán, alrededor de 40 personas protestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad, donde exigieron la renuncia de su titular, Raymundo Martínez Carbajal. En otros puntos de la entidad, ciudadanos bloquearon vialidades o entregaron pliegos petitorios. Los compromisos asumidos por las autoridades fueron los mismos de siempre, con el agregado de que las unidades viejas —con más de 10 años— serían retiradas de circulación.
Las protestas sociales derivadas de este incremento no solo se quedaron en marchas. Cerca de mil personas, en su mayoría adultos mayores, marcharon en Toluca desde las oficinas de la extinta Luz y Fuerza del Centro hasta el Palacio de Gobierno. En el mitin, denunciaron que el transporte mexiquense es uno de los más caros, inseguros e ineficientes del país.
Se registraron además enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad frente al Congreso estatal, donde los ciudadanos exigieron a los diputados —aunque sin facultades para revertir el aumento— que intervinieran. Hubo empujones, bloqueos y daños al monumento a Hidalgo. La fachada del Congreso fue vandalizada y las salidas del recinto permanecieron bloqueadas por más de tres horas.
Posible aumento en 2025
Hoy, en 2025, el precio mínimo del transporte continúa en 12 pesos, sin que las mejoras prometidas se hayan materializado. No obstante, las autoridades ya han adelantado que se aproxima un nuevo aumento. El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, confirmó que se están realizando estudios técnicos para justificar un nuevo ajuste tarifario, que podría fijar el pasaje en 15 pesos para los primeros cinco kilómetros.
Las razones son las de siempre: aumento en el precio de combustibles, neumáticos, refacciones y costos de mantenimiento, además de la urgencia por renovar las unidades.
Aunque aún no se ha anunciado oficialmente ni se ha publicado en la Gaceta, todo indica que el incremento es inminente. Las autoridades aseguran que el nuevo ajuste buscará un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad económica de los usuarios. Sin embargo, los ciudadanos, acostumbrados a escuchar promesas incumplidas, reciben la noticia con escepticismo.
Condiciones del transporte
AD Noticias recorrió dos rutas clave —Centro–San Pablo Autopan y Terminal–San Mateo Atenco— para constatar de primera mano las condiciones del transporte que en breve costará más.
En ambas, el panorama fue el mismo: unidades sucias y descuidadas, techos sin luces, pisos pelados, suspensiones vencidas y vidrios que tiemblan con cada bache. Las vibraciones son constantes; los asientos se mueven, algunos inclinados como si estuvieran a punto de desprenderse.
Mientras el transporte público siguen encareciéndose, la calidad del servicio no mejora. En los últimos ocho años, tres aumentos se han aprobado —2010, 2017, 2020 y el que ahora se perfila—, y en todos los casos los compromisos han sido los mismos: cámaras, botones de pánico, capacitación, renovación.
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