Veintiún días después de que el colectivo AMAQUEME solicitó la relación de gastos efectuados por el gobierno de Temamatla durante las fiestas patrias, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información respondió que se destinaron 869 mil pesos a dichas celebraciones.
Los festejos se realizaron los días 15 y 16 de septiembre en la cabecera municipal y en las delegaciones de Los Reyes Acatlixhuayan y Santiago Zula, donde las familias disfrutaron de presentaciones musicales, bailables y diversas actividades.
El gobierno municipal, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y encabezado por el alcalde José Guadalupe Gómez Hernández, dio a conocer la información de forma tardía. La respuesta fue liberada el 30 de octubre, tras haber sido ingresada a la plataforma el día 9 del mismo mes.
De acuerdo con la respuesta oficial, los recursos se pagaron a distintos proveedores para cubrir servicios como presentaciones artísticas, renta de equipo de audio, lonas, sillas, luces y adornos.
El proveedor Mauricio Javier Cruz Segura cobró 365 mil 382 pesos, ya con impuestos, por el evento del 15 de septiembre en la cabecera y sus delegaciones, que incluyó sonido, grupos musicales, mariachis y comparsas de chinelos.
A Iván Elihú Chavarría Gómez, la administración municipal le cubrió facturas por 242 mil 254 pesos, también con impuestos. Esta cantidad incluyó la compra de 100 cajas de luces LED, siete rollos de cable y cinco mil grapas para instalación.
Al mismo proveedor se le pagó otra factura por 99 mil 963 pesos por la renta de lonas y carpas utilizadas en los eventos del 15 y 16 de septiembre en la explanada municipal y en las dos delegaciones.
Por su parte, José de Jesús Salazar León cobró 156 mil 878 pesos por la decoración colocada en la explanada de Temamatla, Los Reyes Acatlixhuayan y Santiago Zula. Los adornos incluyeron canastas, sopladores, alhajeros, sombreros, cazuelas, tazas y dulceros de barro, así como moños, banderas, medallones de tela y tiras decorativas.
Cabe señalar que el gobierno de Temamatla rebasa con frecuencia los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para responder las solicitudes presentadas por el colectivo AMAQUEME.
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