El 26 de noviembre, más de 8 mil habitantes de la comunidad de Santa Ana Iztlahuatzingo, municipio de Tenancingo, Edomex, bloquearon todas las salidas de la demarcación en protesta por la detención de cinco delegados ejidales.
Esta manifestación fue la reacción de la comunidad al ver a cinco de sus integrantes presos por elementos de policía estatal, y es que en este rincón del Estado de México, donde todos se conocen y los vínculos familiares son sólidos, la noticia del arresto encendió una llama que no tardaría en convertirse en un incendio social.
Los bloqueos afectaron vialidades como la carretera Tenancingo-Toluca, que conectan con municipios como Tenango, además de otras vías a Malinalco o Zumpahuacán, así como con a comunidades cercanas como El Salitre.
Los más de 8 mil manifestantes, entre hombres, mujeres y niños, también realizaron un cerco en las instalaciones de la Fiscalía Regional. Insistieron en que ningún habitante de su comunidad protegería a delincuentes y acusaron que los detenidos fueron coaccionados para extorsionar a los agricultores de su propio poblado.
Argumentaron que la detención fue injusta y movilizaron a miles en solidaridad con los aprehendidos.
La policía estatal, que llegó al lugar en pequeños contingentes, adoptó una postura pasiva. Los uniformados observaban desde la distancia, evitando cualquier confrontación. Parecía que la tensión podía escalar si alguien hacía el movimiento equivocado.
Manifestaciones prolongadas y liberación de detenidos
Por más de 15 horas, los accesos permanecieron bloqueados, provocando retrasos en el tránsito, especialmente para transportistas que quedaron varados con mercancías o para quienes se dirigían a la capital mexiquense por trabajo o para realizar algún trámite.
Cerca de las 13:00 horas del 27 de noviembre, las autoridades liberaron a los detenidos, lo que desató celebraciones en la comunidad e incluso se celebró una misa católica en la iglesia de Santa Ana Iztlahuatzingo.
Pese a la magnitud de las protestas, la vida en Tenancingo continuó con relativa normalidad. Las clases no fueron suspendidas, aunque algunos alumnos faltaron por precaución. La policía estatal mantuvo una presencia pasiva en las inmediaciones, sin intervenir directamente en los bloqueos.
Reclamo a las autoridades
Tras la liberación, los habitantes reiteraron su exigencia de que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en capturar a los líderes de los grupos delictivos que operan en la región.
Señalaron específicamente a miembros de la organización conocida como La Familia Michoacana, como los verdaderos responsables de la extorsión a los campesinos.
La liberación de los detenidos marcó una victoria para los pobladores, quienes estaban dispuestos a pasar los días que fueran necesarios hasta ver a sus paisanos en libertad.
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