Relegada a páginas interiores en algunos periódicos, alimentándose sólo de lo incluido en el Boletín que emitió el Gobierno del estado, durante la semana que concluye se "dio la nota" de que el Estado de México instaló su Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es esto? ¿Un órgano deliberativo? ¿Una instancia consultiva? ¿Un ente fiscalizador? ¿Un elefante blanco más? Bueno, hay que decir que, según el decreto que le da vida, es un órgano colegiado permanente que tiene como finalidad coordinar las acciones necesarias para la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de estrategias y programas que propicien la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030, informando sobre los progresos conseguidos en el cumplimiento de los mismos.
Bueno, pero ¿y qué es eso de la Agenda 2030? Es una acuerdo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según el cual los jefes de Estado firmantes se comprometen a impulsar al interior de sus respectivos países políticas públicas abiertamente enfocadas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Este acuerdo tiene una claro mandato de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos y 169 metas de carácter universal que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. Así, pues, dado que el gobierno mexicano también firmó el acuerdo, se obligó a sí mismo a crear mecanismos a través de los cuales pueda diseñar y ejecutar las acciones que permitan alcanzar dichos objetivos. Desde abril del presente año el gobierno federal creó, mediante decreto presidencial, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, desde entonces, sólo algunas entidades del país, como Chiapas, Hidalgo y Zacatecas, habían creado una instancia similar a nivel local. Ahora el Estado de México hizo lo propio.
Se supone que tanto el Consejo Nacional como los Consejos Estatales se crean para establecer y coordinar los mecanismos necesarios y específicos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. También pueden generar propuestas de políticas públicas y acciones tendientes a impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, así como proponer reformas al orden jurídico para los mismos fines. Es más, estarían facultados para examinar las políticas actuales para ver qué tanto están abonando al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
¿Y quiénes integran el mentado Cosejo? pues el gobernador y su gabinete. Igualmente a nivel federal el Consejo Nacional lo integran el Presidente de la República y su gabinete legal. Esto no deja de representar una incógnita, pues no sé si los mismos ojos puedan ver cosas diferentes: si quienes administran el gobierno, diseñan e implementan políticas públicas e impulan iniciativas de ley todo el tiempo son los mismos que tienen que examinar las mismas para ver si están cumpliendo con la Agenda 2030, se antoja difícil que puedan tener una actitud crítica.
Hay que añadir que el Consejo Estatal que se instaló esta semana debe sesionar de manera ordinaria una vez al año y que debe, no sólo coordinarse con el Consejo Nacional, sino con los gobierno municipales y otras entidades públicas y privadas interesadas en estos propósitos del desarrollo sostenible. También están obligados a informar de los avances que se consigan y nos acerquen a los objetivos de la Agenda 2030.
Como siempre en estos casos, toca conceder el beneficio de la duda y esperar para ver cómo funciona y qué avances consigue. De entrada uno esperaría que en el Plan Estatal de Desarrollo, que actualmente se está confeccionado, se tomen en cuenta explícitamente algunos de los 17 objetivos y 169 metas de carácter universal que incluye la Agenda 2030, de no ser así, ya estamos empezando mal…
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