Hace un par de semanas visitaron mi cubículo en la Universidad tres adolescentes que se decidieron armar un proyecto al que han titulado "No seas uno más". A su corta edad, impulsados por las lecturas que han realizado, algunos discursos que han escuchado y quizá por algún curso tomado en su trayectoria escolar, han atinado a ver que el problema de la corrupción es uno de los más graves que afronta el país. Este diagnóstico desde luego que lo comparten con millones de mexicanos. Nadie, en su sano juicio, puede negar que México es un país altamente corrupto; inclusive las autoridades de todos los niveles de gobierno aceptan tal diagnóstico.
Este trío de chicos que han adoptado las redes sociales para albergar su proyecto, me explicaban que habían hecho entrevistas con varias personas de distintos perfiles para tratar de ver qué tan claro tenemos el concepto de corrupción. Lo más común -me dijeron- es que la gente hable de corrupción, pero al preguntarles qué es, el asunto ya no resulta tan claro. La mayoría equipara corrupción con malos actos del gobierno. Cuando a mí me lo preguntaron, quise remitirme al sentido primigenio de ese término y les comenté que corrupción era el conjunto de actos que trastocan, deforman o echan a perder algo, apartándose del deber ser y, en algunos casos, incluso violando la normatividad jurídica.
Traté de ponerles algunos ejemplos de cómo en múltiples escenarios la gente puede corromper algo y no siempre vemos eso como punible. Un maestro que no se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos corrompe la forma de la educación, un empleado gubernamental que no atiende sus deberes corrompe el espíritu del servicio público, unos padres que no tutelan el desarrollo vital de sus hijos corrompen el sentido de la paternidad. Claro está que la corrupción política es algo de lo más visible y encierra un alto grado de inmoralidad e ilicitud, pero el otro tipo de "pequeñas corrupciones" forman parte del escenario en el que esta última ha encontrado capacidad para potenciarse hasta los niveles indignantes que hoy tenemos.
Estos tres chicos que han emprendido su tarea para hacer frente a la corrupción desde sus espacios escolares puede que compartan el diagnóstico en el que muchos coincidimos sobre la centralidad del problema de la corrupción, pero de manera muy "curiosa" han disentido de las medidas tomadas por la autoridad cuando se trata de hacer frente al problema. Explícitamente el proyecto que ellos encabezan apuesta por la concientización, lo cual ubica su quehacer en la prevención de las conductas corruptas, es decir, apuntan a los aspectos internos del individuo que potencialmente puede incurrir en dichas conductas.
En cambio, la estrategia que han privilegiado las instituciones es el de la represión. Hoy se llenan la boca los políticos para anunciar la creación de fiscalías especiales y de todo un sistema anticorrución que, visto en sus últimos términos, es equiparable al fallido esfuerzo por enfrentar la inseguridad pública con un sistema carcelario más grande, más policías, más patrullas, más cámaras o penas más severas. Esta última es una actitud reactiva que tienen el defecto de que espera a que ocurra el acto para perseguir al actor y, de ser procedente, sancionarlo.
El sistema punitivo implica el "pequeño" problema de la eficiencia del personal encargado de perseguir los actos de corrupción. La capacidad de las personas puestas en estas tareas tiene la impronta de ser parte del problema. Esta semana, por ejemplo, se anunció a quien será titular de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de México y se trata de una persona que toda su vida profesional ha estado dentro de "el sistema"; todo su desarrollo profesional ha sido bajo las órdenes de procuradores, secretarios y hasta del Presidente de la República. De hecho "el mérito" para ocupar el cargo ha sido su cercanía con quien hoy tienen la facultad para nombrarlo. Esto le condiciona, desde ya, al permanente conflicto ético de ponderar la lealtad frente a la legalidad y la procuración de justicia.
Hemos visto de qué lado se decantan esos dilemas en casos tan emblemáticos como el fallido secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. La impunidad que desde ahora puede advertirse que seguirá imperando en los actos de corrupción política y/o administrativa en la entidad es el más grande aliciente para que el fenómeno siga reproduciéndose y generalizándose.
Dice el doctor Oscar Diego, especialista en estos temas, que "la principal causa por la que existe la corrupción es la ignorancia (inconsciente o deliberada) de la ética. Existe un olvido e incluso vacío de conocimientos en materia ética que pone en marcha los principales motores de la corrupción". De haber obrado éticamente quienes diseñaron el sistema anticorrupción y quien designó al fiscal titular, no habrían priorizado la lealtad de grupo como criterio para obrar. Por eso cabe la pregunta: ¿de verdad tenemos fiscal anticorrupción? ¿No será que sólo tenemos a un funcionario más, que se rige por los mismos principios y valores que nos han llevado a los altísimos niveles de corrupción que tenemos?
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