«Tenemos muchísima hambre, pero de libertad y justicia”, familias de #injustamentepresos

Tras 13 días de huelga de hambre, 7 personas fueron “canalizadas” de manera urgente tras una revisión médica al cumplirse

Seis personas que integran la huelga de hambre en la Plaza de los Mártires en Toluca, Estado de México, fueron “canalizadas” de manera urgente tras una revisión médica al cumplirse este miércoles 13 días de huelga de hambre.

De acuerdo con comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC,  se trata de Celia Arroyo, de 55 años, madre de Daniel Plácido Arroyo; Edith Paz, de 48 años, hermana de David Gregorio Paz; Maribel González, de 45 años, madre de Héctor Michel Lemus; Karina Rivera, de 42 años, hermana de Jorge Rivera; Luis Hernández, de 49 años, padre de Pedro Alejandro Fonseca; y, Andrea González, de 24 años, hermana de Daniel González.

Christopher Gómez Flores es uno de los activistas que aún se mantiene en el plantón. A su hermano Gilberto se le acusa de abuso sexual y violación a una menor. El confiesa que tienen “hambre, pero de libertad y justicia”.

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Durante trece días, la Plaza de los Mártires en Toluca se ha convertido en su casa, bajo algunas lonas se han resguardado de la lluvia y del frío, las campanadas del reloj del propio Poder Judicial es como saben que el tiempo avanza pero la respuesta de las autoridades no llega.

Con sus rostros cansados, acostadas, pero aferradas al retrato de su familiar, es como permanecen al interior del campamento, la lluvia no ha importado aunque en varias ocasiones se han inundado.

Contacto con el presidente del Poder Judicial

Este miércoles, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, sostuvo una reunión con familiares de personas injustamente presas en la que se comprometió a reunirse para atender “caso por caso” las solicitudes de amnistía; sin embargo, los familiares rechazaron la reunión señalando la falta de avances en reuniones pasadas.

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Los familiares de las personas privadas de la libertad aseguraron que no existe voluntad por parte de las autoridades judiciales para liberar a las personas que cuentan con carpetas fabricadas, como el caso de Daniel Placido, condenado por el delito de secuestro en el 2017.

Los familiares de las 25 personas injustamente han ofrecido sus cabelleras y su propia sangre como protesta.