El paraíso de los changarros de Salinas
El Edomex es el Edén de Ricardo Salinas Pliego. Aquí florece su verdadero imperio: no de innovación ni de industria avanzada, sino de changarros disfrazados de modernidad. Elektra, Banco Azteca, Totalplay… el tridente del abuso que se alimenta de la necesidad. Tiene cientos de tiendas, sucursales y antenas plantadas en las zonas más pobres del estado, vendiendo caro, prestando peor, y ofreciendo servicios pésimos, especialmente en conectividad. Totalplay ha tendido miles de kilómetros de cableado, muchas veces sin permisos claros, sin pagar derechos de vía y sin respetar ordenamientos urbanos. Donde el Estado no llega, él cobra. Y donde sí llega, lo contrata. El modelo es claro: extraer valor de los que menos tienen, sin devolver nada. No paga impuesto predial, evade el impuesto sobre nóminas, litiga contra el pago de agua, y precariza a sus empleados. Cada colonia vulnerable se convierte en una mina de oro. Y el poder político lo permite —cuando no lo celebra—.
Se ha hecho millonario con el dolor ajeno, en un sistema que lo protege como si fuera benefactor.
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Jalmolonga: el reino sin impuestos
En Malinalco, tierra de historia profunda y pobreza persistente, Ricardo Salinas Pliego posee su santuario privado: una fastuosa hacienda en la comunidad de Jalmolonga. Ahí, mientras la mayoría lucha por agua potable y calles pavimentadas, él contempla sus jardines imperiales sin pagar un solo peso al municipio. Debe años de impuesto predial y servicios de agua, y ni la presidenta municipal, Marlen Nieto —de Movimiento Ciudadano—, ni su cabildo se atreven a cobrarle. ¿Por qué? ¿A qué le temen? ¿Qué se negocia en silencio? La deuda es enorme, pública y ofensiva, y sin embargo se mantiene impune, como si el magnate estuviera por encima de la ley local y del interés común. Mientras el pueblo sobrevive, el millonario se pasea como virrey.
En Jalmolonga no hay justicia fiscal: hay sumisión municipal. Y eso también es corrupción.
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Toluca: la capital que dejaron caer
Toluca no siempre fue así. La ciudad fue cayendo, a pedazos, ante la vista de todos. Las administraciones de Juan Rodolfo Sánchez, Raymundo Martínez y Fernando Zamora le hicieron un daño profundo y duradero: desmantelaron la autoridad, permitieron que el espacio público fuera ocupado, y dejaron que el desorden urbano se volviera norma. Donde antes gobernaba el municipio, hoy mandan otros. El abandono fue primero omisión, luego complicidad, y al final, entrega. Algunas zonas de la ciudad —el centro, la terminal, San Pablo, San Lorenzo, El Seminario— dejaron de ser gobernadas desde el palacio municipal. La autoridad dejó de ejercer hace tiempo, por incompetente o por corrupta. Lo que hoy se ve —la ciudad rota, sucia, caótica— no es más que la consecuencia de esa rendición.
Toluca no está perdida: fue entregada. Y recuperarla exige memoria, fuerza y vergüenza pública.
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Tlaxcala en el horizonte de Finanzas
Óscar Flores tiene una aspiración legítima: gobernar su tierra. Tlaxcala elegirá nuevo titular del Ejecutivo en 2027 y todo indica que Morena arrasará. Quien gane la candidatura —mujer, hombre u objeto— tendrá cuerpo y medio en la gubernatura. En ese tablero, el actual secretario de Finanzas del Edomex aparece como un contendiente serio. Tiene perfil técnico, cercanía con la gobernadora y buena interlocución en Palacio. Su posible rival más fuerte: la senadora Ana Lilia Rivera, respaldada —entre otros— por Higinio Martínez. La contienda será intensa, pero ojalá no lo distraiga de su tarea actual. Administrar el presupuesto del estado más complejo del país exige concentración total. Tlaxcala puede esperar; las finanzas mexiquenses, no.
Hay batallas que se ganan en casa… y otras que se pierden por mirar demasiado lejos.
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Las cajas chicas de los alcaldes
Los organismos operadores de agua potable en el Estado de México se han convertido, en demasiados municipios, en las cajas chicas del poder local. Son entidades opacas, sin controles eficaces, sin auditorías serias y con una autonomía legal que en los hechos sirve para desviar recursos, contratar a modo y financiar redes políticas. Mientras miles de familias padecen fugas, cortes y cobros irregulares, los alcaldes administran esos organismos como si fueran propiedad privada. No es casual: el agua no solo es vital, también es rentable. La falta de regulación estatal y de vigilancia ciudadana ha hecho del agua un negocio disfrazado de servicio público. En muchos municipios, pagar el recibo no garantiza el líquido, pero sí engorda campañas.
El agua debería ser un derecho, no un ingreso oculto en la contabilidad del cinismo.
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