El movimiento social que se desarrolló en México hace 49 años, donde los estudiantes tuvieron una destacada participación y el cual fue reprimido un 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, está por cumplir cinco décadas.
La represión del Estado esa tarde del 2 de octubre de 1968, con Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de México, que dejara más de 200 víctimas mortales, heridos, desaparecidos e impunidad, marcó un antes y un después en la vida del país.
La conclusión “institucional” fue que después de la represión del movimiento se gestó en el país una transición a la vida plural y democrática; así el 8 de noviembre de 2011 el Congreso de la Unión declaró el 2 de octubre como día de duelo nacional.
Con esta y otras medidas, de manera oficial se ha cerrado un capítulo negro en la historia del país. Como muchas otras “verdades históricas” hay una especie de promesa escrita en letras de oro, de que no se repetirá una actuación así de parte del gobierno, el ejército y la policía.
Antes de la represión decenas de movimientos estudiantiles y de diferentes sectores de trabajadores se desarrollaban por todo el país, caracterizados por acciones multitudinarias que vinculaban a diferentes grupos sociales por la exigencia de democracia en las universidades y en la vida política del país, así como la lucha contra el orden político autoritario, un escenario que aún no dista de la realidad actual.
También la solidaridad se expresaba en esos movimientos y hubo importantes reclamos a la política de intervencionismo estadounidense en países como República Dominicana y Vietnam, una práctica que aún no ha cambiado y desde la cual también se puede analizar el concepto de democracia, pues las últimas intervenciones en países como Afganistán, Irak y Siria tienen al ejército de los Estados Unidos llevando su “democracia” al mundo.
Uno de los documentales del canal 6 de Julio, “1968 La Conexión Americana”, es una muestra de cómo también se dio la intervención de Estados Unidos en la represión selectiva y masiva que se llevó a cabo en aquellos años, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés); hechos que apuntan a que la idea de la actual democracia en México también tiene una ligazón con la dependencia económica y política en la que se mantiene respecto al país vecino.
A razón de hablar de historia, lo más preocupante sería llamarle transición democrática a estos últimos 50 años en México. A inicios de este año Amnistía Internacional destacó en su informe que nuestro país es uno de los casos más graves en cuanto a violación de derechos humanos, donde la impunidad por tortura y otros malos tratos sigue siendo casi absoluta.
Basta observar que en 1968 la actuación del ejército fue clave para entender la represión, pues se ha probado que realizó labores de inteligencia; ingresó a universidades violando su autonomía, disparó contra manifestantes y ejecutó desapariciones forzadas.
De esta actuación anticonstitucional debería estar distante un país plural y democrático; sin embargo, hoy hay pruebas que se hayan hecho públicas de la intervención del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, provenientes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, tal como sucedió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México con otra represión a estudiantes y en Acteal, en 1997, con el asesinato de 45 indígenas chiapanecos.
Esta actuación se repitió más cerca espacial y temporalmente el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde un presunto enfrentamiento entre el ejército y la policía contra civiles arrojó 22 ciudadanos fallecidos, de los cuales, de acuerdo con la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos en octubre de 2014, por lo menos de 12 a 15 fueron ejecutados.
Este es sólo uno de los varios casos de la actuación en que el ejército realiza ejecuciones. Tan sólo entre 2007 y 2012 se estima que 3000 personas fueron asesinadas por el ejército, y aún hay opacidad en su actuación, sobre todo después de 2014 cuando se dejó de dar informes sobre este tema por parte de la SEDENA.
En este escenario cargado de antecedentes se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados la llamada “Ley de Seguridad Interior”, que permitiría un marco jurídico a la actuación del ejército en rubros de seguridad que no tenía permitidos. Como diversos expertos lo han señalado, esto normalizaría aún más la intervención militar en asuntos como el “mantenimiento del orden” frente a protestas sociales, una ley que nos recuerda que la democracia sigue vistiendo con traje militar en México y solo la memoria histórica de la sociedad podrá evitar que se repitan más sucesos como los de Tlatelolco de 1968.