La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados encargada de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, entregó su informe final, en el cual pide deseche la versión de que las 22 personas murieron durante un enfrentamiento y resalta que hubo un ilegal, excesivo y desproporcionado uso de la fuerza de efectivos militares.
Este jueves, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur y el procurador de la entidad Alejandro Jaime Gómez, comparecieron ante la comisión de diputados federales, para dar un informe de los hechos ocurridos el 30 de junio y del avance de las investigaciones.
Los diputados federales, tras escuchar a ambos funcionarios mexiquenses elaboraron un informe final en el que destacan que el caso Tlatlaya, es un caso de violación grave de derechos humanos.
Agregaron que durante sus investigaciones se toparon con una resistencia por parte de las autoridades mexiquenses y de la Sedena para brindarles la información sobre el hecho.
El informe final de los diputados, el cual será presentado ante el pleno camaral, expresa que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se tuvieron impedimentos debido a la alteración de vestigios y en el lugar donde se cometió el delito.
También se puntualiza que hubo deficiencia en la recolección de pruebas, preservación de la escena, en la cadena de custodia, análisis pericial y participación de funcionarios del Estado de México.
De acuerdo con los legisladores, la recomendación de la CNDH aún está en proceso de solventar, y las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de México (PGJEM) deberán valorar elementos que les abone el ombudsman nacional, y se deberá cumplir la recomendación.
También indican que se deben atender las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Considera que con la aceptación de la recomendación de la CNDH por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reconoce violación a derechos como el de la vida y acceso a justicia.
El informe sugiere a dicha dependencia que corrija fallas en la actuación de sus elementos y tenga un control estricto de actos de sus superiores, así como de protocolos de actuación en casos con civiles involucrados y se ofrezca la ruta para evitar que se repita un caso similar.
Que se esclarezcan responsabilidades penales administrativas de los elementos militares detenidos extendiendo a mandos jerárquicos o los que tenían responsabilidad de estos elementos.
El informe plantea solicitar que la PGR dé a conocer avances sobre la investigación de los militares detenidos y aclare públicamente si inició investigación penal o administrativa por dilación en el inicio de la averiguación.
Además, que la Secretaría de Gobernación (Segob) continúe con la implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, y confió en que esta dependencia federal dará seguimiento a la recomendación de la CNDH.
Asimismo, que dicte medidas administrativas para evitar la repetición de los hechos y siga en el esfuerzo para dar seguimiento a víctimas de esos hechos.
El documento exhorta a las autoridades para que víctimas indirectas contacten a la autoridad para hacer valer sus derechos y que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a funcionarios que pudieron incurrir en irregularidades y considere sanciones.
Que también la PGJEM aclare por qué no investigó manipulación de la escena, que los peritos llegaron seis horas tarde de haber ocurrido los hechos y que informe sobre los avances en procesos penales a funcionarios locales y que brinde atención a las víctimas para reparar daños.
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