Toluca, México; 9 de septiembre de 2018. Presidentes, expresidentes, políticos y funcionarios de toda Latinoamérica han sido investigados o procesados por su supuesta participación en una red de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a través de la influencia ejercida por la constructora brasileña Odebrecht, que para 2015 se colocó como la constructora más grande y poderosa del continente, al menos en su parte latina. Sin embargo, sus sobresalientes números en conjunto con su desplazamiento al ámbito de la obra pública permitió al grupo estratégico de la Operación Lava Jato descubrir los tentáculos del crimen de cuello blanco en al menos diez países de América Latina.
El caso Odebrecht ha encarcelado, procesado o investigado a personajes en Brasil, Perú, El Salvador, Colombia y Ecuador, mientras que otros países como Argentina, Chile, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México no han ejercido presión para obligar a la rendición de cuentas, a pesar de que el rastro de dinero de la constructora toca a los actores políticos de estos países.
Quizás el aprisionamiento más escandaloso en el episodio más reciente de la pesquisa es el del ex presidente y entonces contendiente a un nuevo período al frente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien un proceso desarrollado entrada la mitad de este año le levantó una orden de aprehensión a pesar de las declaraciones de inocencia y su nombre en la propaganda electoral que anticipaba su lugar en las boletas del los comicios próximos. De Lula se divulgó que recibió en algún momento un departamento reformado por la constructora OAS como compensación por haber cerrado negocios con la petrolera Petrobras, hecho que el ex mandatario niega categóricamente. Poco tiempo después, uno de los miembros más influyentes de la constructora revelaría que Da Silva negociaba medidas provisorias y líneas de crédito.
Estas denuncias cobraron factura al número total de ex presidentes aún con vida en el país sudamericano, lo que llevó a los órganos de justicia citar a José Sarney y a Fernando Hen-rique Cardoso, además de levantar investigaciones contra Fernando Collor de Mello, acusado de recibir más de 7 millones 300 mil dólares en sobornos de una distribuidora sin relación directa, pero vinculada, con Odebrecht.
Estas persecuciones se replicaron en países como Perú, donde cuatro ex jefes de Estado se encuentran bajo la lupa de la justicia, como Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos, Alan García, investigado por tráfico de influencias, Ollanta Humala, encarcelado y acusado junto a su esposa de lavar 3 millones de dólares de la constructora brasileña, y Pablo Kuczynski, quien renunció a su cargo bajo sospechas, también, de lavado por contratos firmados con Odebrecht para financiar su campaña.
Lo mismo en Colombia, investigación que toca al expresidentes Manuel Santos y está pendiente de análisis. Junto a él, los nombres cercanos que estarán sometidos a escrutinio son Roberto Prieto, director financiero de la campaña presidencial de Santos, y el ex ministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, sospechoso de recibir 6 millones 500 mil dólares de la constructora.
Impunes en México
El exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, es señalado de recibir sobornos que suman hasta 10 millones 500 mil dólares de Odebrecth en el período comprendido entre 2010 y 2014, mientras operaba como uno de los líderes del comité de campaña de Enrique Peña Nieto, quien preparaba la contienda presidencial de la República. Los pagos a Lozoya, como coordinador de vinculación internacional del PRI, comenzaron en marzo de 2012, según reportes del diario O Globo mediante documentos que obtuvo de la investigación.
El diario publicó que “Lozoya se había vuelto uno de los líderes del comité de campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública del país”. Esto en caso de que Peña Nieto resultara electo presidente, declaró Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México y uno de los principales operadores de la red de corrupción en el país junto a Juan Carlos Tapia Vargas, propietario de una constructora vinculada a Lozoya, Hilberto Mascarenhas, responsable de las denominadas “oficinas de soborno”, Luiz Mameri, supervisor de pagos, y el abogado Rodrigo Tacla Durán, llamado por Lozoya para borrar los nexos entre él y la constructora.
Recién comenzado el sexenio del “Nuevo PRI”, en 2013, a Odebrecht se le entrega una licitación para levantar una refinería en Tula, Hidalgo, mediante una alianza con la compañía Construcciones Industriales Tapia, de Carlos Tapia Vargas. “Solicité su apoyo para influenciar a los miembros del consejo de administración de Pemex para la contratación”, declaró Weyll sobre Lozoya en 2017. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una serie de documentos el año pasado que muestran pagos erogados a una empresa establecida en las islas Vírgenes, presuntamente vinculada al exdirector de Pemex.
En ese mismo año, la Procuraduría General de la República comunicó que Odebrecht se declaraba culpable de saldar 10 millones 500 mil pesos entre 2010 y 2014 sin entregar más detalles sobre el paradero de ese dinero. Lozoya fue citado a declarar, pero su respuesta fue elaborar una defensa legal para demandar por daño moral.
No obstante, Lozoya fue señalado por Weyll de haber recibido, también, hasta 8 millones de dólares entregados a empresas de las cuales es presunto propietario en agradecimiento por conseguir contratos con Pemex. Mameri, supervisor de pagos erogados por Odebrecht en México, declaró que “por pedidos del señor de Luis Meneses Weyll autoricé mediante correos electrónicos encriptados en ese sistema que hoy se denomina My Web Day que se realizara ese pago. Fue procesado por el equipo de Operaciones Estructuradas”. Esta confesión corresponde a un primer pago a Lozoya cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto. El resto de entregó cuando ya ejercía la dirección de Pemex y lo recibió a través de las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zecapam SA.
Lozoya es uno de los casos más escandalosos de impunidad en México durante la administración de Enrique Peña Nieto y de la protección que reciben altos funcionarios en el país, de manera que las investigaciones o procesos han quedado truncados por jueces federales, como lo demostró Raúl Cervantes, extitular de la PGR, quien aseguró que había concluido su trabajo investigativo cuando jueces impidieron la judicialización en marzo de este año.
Actualmente el Servicio de Acción Tributaria (SAT) está emprendiendo acciones para cobrar las multas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a las filiales de Odebrecht en el país dadas las irregularidades halladas en contratos firmados por la Pemex de Lozoya, sanciones que suman por lo menos mil 86 millones de pesos. Las medidas que pretende tomar el SAT este año son embargo de bienes, de cartera de créditos y bloqueo de cuentas bancarias.
La SFP lanzó resoluciones e impuso multas sin precedentes en México a los nombres Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht ingeniería y Construcción Internacional de México, con cantidades de 543 millones 48 mil pesos a cada una y suponen la inhabilitación por 4.2 y 2.6 años respectivamente. Dos servidores públicos de Pemex sin destapar públicamente han sido sancionados recientemente por la SFP con dos años de destitución y 10 de inhabilitación, además de levantarles una multa de 119 millones y 2 millones 500 mil pesos, respectivamente.
Con el sexenio de Enrique Peña Nieto transitando hacia su conclusión, el nuevo Congreso de oposición ha tomado como bandera combatir la corrupción que ha manchado a la administración priista con este y otros casos de sobresaliente importancia, como la “Casa Blanca” del presidente y su esposa, Angélica Rivera Hurtado.
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