Hace unos días, mientras me transportaba en un camión, me di cuenta de dos cosas gracias a que iba de pie: más de la mitad de quienes iban sentados en esta unidad estaban utilizando su teléfono celular. Unos veían videos, otros intercambian mensajes vía redes sociales e incluso uno más estaba haciendo cosas con la aplicación móvil de su banco. Levanté la vista y alcancé a distinguir que lo mismo pasaba en los vehículos que circulaban paralelamente al autobús en el que iba. Unos manipulaban su aparato fijado al tablero (claramente eran trabajadores de aplicación móvil y eso incluye a motociclistas), en tanto que los pasajeros, varios de ellos niños, iban prendidos de su celular, jugando o divirtiéndose con videos.
Me queda claro que México ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda en el ámbito de las comunicaciones, lo cual no tiene más de tres lustros. Y este proceso no refleja un mero ajuste económico en el mercado de las telecomunicaciones, sino un proceso de inclusión digital que ha reconfigurado las dinámicas sociales de la sociedad.
Al revisar los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se puede confirmar que del total de lo que se gasta en este país en telecomunicaciones, el 50 % lo hace la gente pobre. Esto, en definitiva, no era así en el año 2000, cuando ese sector poblacional realizaba apenas el 15 % del gasto nacional total en comunicaciones. En cambio, en aquel año, la clase más rica era la que mayormente gastaba en esos rubros y hoy solo cubre 20 % de ese mercado.
Este desplazamiento en las prácticas de consumo entre los mexicanos es muy importante y puede ser analizado desde varios ángulos. Por un lado, este acceso extendido a las telecomunicaciones puede reflejar un empoderamiento masivo de las clases populares, una mayor cohesión social y una transición hacia una sociedad más horizontal, pero también puede encerrar la persistencia de desigualdades cualitativas y nuevos riesgos. Y es que, si bien es cierto que la conectividad ha dejado de ser un lujo elitista para convertirse en un eje de la vida colectiva, su impacto social tiene que analizarse en varios planos. Sí, se ha ido cerrando la brecha digital, pero solo en el primer nivel, es decir, en el acceso material a dispositivos e internet para mantenerse conectado o comunicado.
Los datos indican que fue a partir de 2018 cuando realmente se masificó el acceso a dispositivos móviles e internet. Luego, impulsados por el abaratamiento de los costos y la pandemia de COVID-19, casi todo mundo terminó conectado. Este acceso físico ha reducido drásticamente la exclusión geográfica y económica. En comunidades rurales e indígenas, donde la brecha era más profunda, el smartphone se convirtió en un puente: un estudio de la CEPAL (2024) destaca que la conectividad ha permitido a millones de mexicanos en zonas marginadas acceder a servicios públicos digitales, remesas instantáneas y oportunidades laborales en plataformas como Uber o Rappi. Socialmente, esto ha mitigado el aislamiento.
Familias transnacionales mantienen lazos emocionales constantes vía WhatsApp, reduciendo la fragmentación que caracterizaba a la sociedad mexicana pre-digital. El resultado es una mayor integración: un joven de Oaxaca puede ahora coordinar ventas por Marketplace o seguir cursos en YouTube, rompiendo barreras históricas de movilidad social. Sin embargo, en un segundo nivel, hay que ponderar los usos y gratificaciones que las clases populares derivan de esta conectividad.
Algunos estudios sobre estos fenómenos explican que las personas seleccionan medios para satisfacer necesidades específicas. En México, el gasto creciente de los hogares pobres en telecomunicaciones refleja gratificaciones instrumentales (búsqueda de empleo, trámites gubernamentales) y expresivas (entretenimiento, identidad). Durante la pandemia, el 38 % del gasto en comunicaciones de los más pobres no fue un lujo, sino una necesidad de supervivencia: clases en línea, consultas médicas y coordinación familiar, por citar solo algunos ejemplos.
De la misma manera, mujeres de estratos bajos, tradicionalmente excluidas, usan redes para microemprendimientos o denunciar violencia, ampliando su agencia social. Según informes de inclusión digital (OEA, 2024), la conectividad ha facilitado la inclusión financiera: apps como CoDi o SPEI permiten a familias pobres recibir apoyos gubernamentales sin intermediarios, reduciendo la dependencia de estructuras clientelares.
Se puede sugerir que México está transitando hacia una “sociedad red”, donde el poder ya no reside solo en la posesión de recursos materiales, sino en la capacidad de estar conectado. Esto también ha transformado la esfera pública, permitiendo a voces marginadas escalar su visibilidad.
En el ámbito económico-social, la conectividad ha impulsado una economía informal digitalizada: vendedoras ambulantes usan Instagram para expandir mercados y taxistas independientes compiten con plataformas globales. Para buena parte de las clases populares mexicanas, el saldo es netamente positivo: han pasado de ser receptores pasivos de información a productores activos de contenido, alterando la tradicional verticalidad social. Los grupos más pobres ya no están confinados a su localidad física. Su extensión prostética (el smartphone) les permite participar en flujos globales de información, cultura y economía.
Socialmente, esto erosiona fronteras: identidades regionales se hibridan con influencias globales, fomentando una cultura más cosmopolita, pero también fragmentada. Las relaciones familiares cambian: la “presencia ausente” de migrantes se mitiga, pero surge una nueva dependencia emocional de la pantalla.
McLuhan preveía que los medios eléctricos crearían una “aldea global”; en México, esta aldea incluye ahora a los estratos más bajos, con consecuencias civilizatorias. Y aquí es donde viene una segunda capa de análisis: aunque el acceso se ha democratizado, las habilidades y los beneficios siguen siendo desiguales. Los pobres usan predominantemente WhatsApp y TikTok para gratificaciones inmediatas, mientras los ricos acceden a herramientas productivas.
Esto perpetúa desigualdades: un estudio de la CEPAL (2024) muestra que la inclusión digital reduce brechas, pero sin alfabetización crítica, puede profundizarlas (por ejemplo, adicción a redes o ciberacoso). En adultos mayores y comunidades indígenas, la brecha persiste y ha generando exclusión intergeneracional. Además, riesgos emergentes como la fatiga digital o la manipulación algorítmica amenazan la cohesión social.
En conclusión, la democratización de las comunicaciones en México representa uno de los procesos más transformadores del siglo XXI. Ha empoderado a las clases populares, fortalecido el capital social y acelerado la transición a una sociedad red, reduciendo el aislamiento y abriendo oportunidades inéditas. Sin embargo, para que estas ganancias sean sostenibles, se requieren políticas que aborden las brechas cualitativas: educación digital universal, regulación de plataformas y enfoque territorial. Como señala la CEPAL (2024), la transformación digital puede superar “trampas de desarrollo” como la desigualdad, pero solo si es inclusiva. El desafío ahora es convertir el acceso en equidad real.
Síguenos