El aumento al transporte es un hecho
El incremento en las tarifas del transporte público en el Estado de México está decidido. Lo que no está definido es cuándo se dará a conocer. Es probable que el anuncio se reserve para después del informe, aunque no hay confirmación oficial. Los concesionarios ya negocian con base en un escenario pactado y presionan para blindar el acuerdo. Desde el gobierno se afirma que el ajuste sería “necesario”, pero por ley cualquier incremento debe sustentarse en un estudio técnico público: costos operativos, márgenes reales de ganancia, subsidios y efectos sobre el ingreso familiar. Hasta ahora, ese documento no se ha presentado. Morena enfrenta un dilema: si posterga el anuncio, cede ante los transportistas; si lo adelanta, asume el desgaste de un tarifazo que impacta de lleno en su narrativa de justicia social. El silencio oficial no es vacío: es cálculo. Mientras tanto, usuarios y operadores esperan un ajuste cuyo monto aún se desconoce, pero cuyo costo político ya comenzó a sumarse.
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Becker y la sospecha que subyace
La detención de Omar “N”, jefe de Servicios Financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex, destapa un boquete institucional: un empleado menor logró maniobrar más de 32 millones de pesos desde diciembre de 2023 sin que nadie en la cadena de mando lo detuviera. Oficialmente, el presidente del tribunal, Gerardo Becker, denunció el desfalco y pidió inmovilizar las cuentas ante la CNBV, pero eso no resuelve la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que alguien con rango tan bajo tuviera acceso pleno al sistema financiero sin supervisión real? Hay una hipótesis que la Fiscalía no puede ignorar: esto pudo ser una tranza que salió mal. Si Omar operaba solo, el control interno es una ficción; si actuaba en red, hablamos de un sistema deliberado de saqueo. En ambos escenarios, la responsabilidad no es solo individual: recae en la estructura, en el diseño de las alertas y en quienes sabían y callaron. La Fiscalía debe esclarecer complicidades, fijar responsabilidades y garantizar la reparación integral del daño. Cada peso que salió ilegalmente es dinero público y, hasta que no regrese, la opacidad seguirá siendo la peor sentencia contra el propio tribunal.
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Liberar a cambio de renuncia
Reproducir la misma lógica autoritaria que la vida universitaria dice combatir es la paradoja del movimiento que mantiene tomadas las instalaciones de la Facultad de Geografía. La Asamblea Geo, que no es mayoritaria, condiciona devolver el plantel a cambio de la renuncia de la directora Lidia Alejandra González Becerril. No se discuten causas, se impone un ultimátum: entregar o renunciar. Esa práctica no es democracia, es coacción. La Ley de la UAEMéx y el Estatuto Universitario establecen con claridad que las designaciones y remociones de directores corresponden a los órganos colegiados, mediante procedimientos formales y con garantías de debido proceso. Si hay motivos fundados, cualquier universitario puede presentar pruebas, denuncias o solicitudes ante las instancias competentes; lo que no puede normalizarse es que la fuerza del bloqueo sustituya el derecho. Además, el movimiento no representa a toda la comunidad: la UAEMéx está dividida, con varias facultades ya en clases y otras aún en paro, lo que revela que no hay mandato unánime detrás de cada exigencia. Si la universidad cede ante los hechos consumados, institucionaliza el chantaje como mecanismo de gobierno y erosiona la legitimidad que busca preservar.
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Manzur mueve las piezas en Metepec
Los signos son claros: José Manzur ha logrado, al menos por ahora, alinear a buena parte de la burocracia priista y a los actores tradicionales de Metepec para abrirle camino a su sobrino, Jesús Ramírez Manzur, actual jefe de la Policía municipal. La operación es quirúrgica: negociar con los grupos de poder locales, recomponer pactos con caciques históricos y ofrecerle al priismo un candidato de apellido conocido, con control territorial y vínculos consolidados en la seguridad pública. Metepec hoy es gobernado por la alianza PRI-PAN, y ese dato define la jugada: la apuesta de Manzur no es recuperar, sino retener. Sin embargo, el 2027 se dibuja como un campo de batalla más complejo: Morena busca fracturar esa hegemonía, MC corteja al electorado joven y el panismo local podría volverse un aliado incómodo si las negociaciones se tensan. La carta Ramírez Manzur representa continuidad, pero también riesgo: la pregunta es si el apellido aún moviliza voto duro o si carga más desgaste que prestigio. Si la apuesta falla, no solo se compromete el futuro del candidato, sino que se tambalea la narrativa de renovación que la alianza intenta vender para sobrevivir.
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Cuando las ratas regresan al barco
En Toluca, pocos recuerdan a Juan Rodolfo Sánchez Gómez y, quienes lo hacen, suelen fruncir el ceño: su nombre trae de regreso el catálogo completo del desastre municipal. Aquel alcalde que presumía valores cristianos dejó un municipio endeudado hasta el cuello, con servicios colapsados y un vacío de gestión que permitió el ascenso del peor PRI: el de Raymundo Martínez, hoy destituido y procesado penalmente. La ironía es feroz: el hombre que hizo perder a Morena la capital, que dejó facturas pendientes por cientos de millones y que convirtió la administración en un monumento al desorden, reaparece… como proveedor del ayuntamiento. Del mismo gobierno que heredó su desastre, del mismo municipio que cargó con las consecuencias de su paso. En Toluca, la memoria es un lujo: se olvida el daño, se normaliza el negocio y se recicla al personaje. El político para el olvido ahora cobra facturas, mientras la ciudad sigue pagando las suyas.
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