La transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Fiscalía no ha derivado en cambios tangibles para las víctimas de delitos, pese al aumento en el gasto, las vinculaciones a proceso y las sentencias condenatorias, también se registra una mayor incidencia delictiva y diversas organizaciones acusan la fabricación de delitos. Los reportes estadísticos de los tres últimos informes que el fiscal Alejandro Gómez Sánchez ha presentado a la Legislatura mexiquense reflejan un supuesto incremento en el nivel de efectividad de la institución, al menos en lo correspondiente a los delitos de alto impacto.
Sin embargo, tanto Pérez Espinoza, como Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero coinciden en que hay un grave problema de personas injustamente presas, pues en la entidad mexiquense prácticamente basta con que una persona acuse a otra para que sea detenida y se cometen aprehensiones arbitrarias e ilegales. Por ello, ambas organizaciones promueven, cada una por su lado, una Ley de Amnistía del Estado de México que vaya más allá de la federal e incluya a personas inocentes, a quienes les han fabricado delitos y quienes han sido criminalizados y se les han violados sus derechos.
Además, señalan una evidente contradicción: si bien hay más vinculaciones y más sanciones, cada año también se denuncian más delitos, es decir, las detenciones y sentencias no han generado que la incidencia disminuya y eso refuerza la hipótesis de que mucha gente inocente está en las cárceles, mientras en las calles, quienes no son detenidos siguen cometiendo delitos.
Sube el presupuesto, pero también las denuncias
De acuerdo con los últimos tres informes de la Fiscalía estatal, en el rubro presupuestal se observa un crecimiento anual del gasto del 34% entre los años 2017 y 2019. Hace tres años los diputados le avalaron 3 mil 328.9 millones de pesos, y por gestiones del fiscal, en 2019 le dieron 4 mil 463.2 millones de pesos para mejorar la procuración de justicia.
En este plazo, el nivel de denuncias ha tenido un comportamiento indistinto que no permite medir ese rubro claramente: en 2017 registraron 291 mil denuncias, en 2018 la cifra bajó a 275 mil 746, pero en 2019, aparentemente, volvió a subir por arriba de lo que se había tenido en años anteriores al llegar a 354 mil 62 delitos. Sin embargo, el año pasado cambió la metodología: ahora ya no se registran denuncias o carpetas, sino delitos, es decir, que antes se contabilizaba sólo un hecho y el delito principal, aunque en este se hubiera dado un allanamiento de morada, daño en los bienes, robo, violación y homicidio. Ahora, por instrucciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debe registrar cada hecho por separado para tener cifras más claras de las conductas delictivas cometidas. Esto impide comparar la incidencia delictiva de estos tres años, pero permite ver más claramente el comportamiento delictivo.
Vinculaciones a proceso
Las cifras de vinculaciones a proceso también han aumentado, pues mientras en el primer año del comparativo la fiscalía informó de 8 mil 759 vinculaciones a proceso, en 2018 bajaron a 7 mil 124, pero en 2019 crecieron 8 mil 295.
También hay más detenidos en flagrancia, es decir, personas aseguradas cuando presuntamente cometen un hecho delictivo, y con ello se supone que había más elementos para demostrar su probable responsabilidad.
Las cifras de detenidos en el momento de violar la ley fueron de 46 mil 771, en 2017; 60 mil 566 en 2018 y 77 mil 773 en 2019. Al aumentar las vinculaciones a proceso también incrementaron las sentencias condenatorias, y justo ese es uno de los temas que resalta el último informe de la Fiscalía: en 2017 fueron 6 mil 74, un año después 5 mil 640 y el año pasado 6 mil 388 en delitos de alto impacto, es decir, un 13% más.
Las sentencias de 2019 no se comparan con los delitos denunciados porque la autoridad no informó a cuántos ilícitos corresponden esos veredictos, pues una sola persona puede tener en su contra varios delitos y por uno puede haber varias personas con responsabilidad. Los detenidos por orden de aprehensión prácticamente se mantuvieron en estos años. En 2017 fueron 3 mil 320 y en 2018 un total de 2 mil 963.
En 2019 sólo señala que fueron 3 mil 618 las órdenes de aprehensión, pero no se especifica si es el número de solicitudes, órdenes obsequiadas o cumplidas. Algo que se observa en los últimos tres informes es que en cada reporte la Fiscalía presenta menos estadísticas: en 2017 detalló cuántas sentencias absolutorias dictó el Poder Judicial, así como los acuerdos reparatorios, pero en los siguientes años desapareció esa numeralia y algunos conceptos.
Tampoco precisa si todas las vinculaciones a proceso son con detenidos, ni cuántas órdenes la fiscalía tiene pendientes de cumplir y cuántas de ellas han prescrito, es decir, en cuántos casos no lograron poner tras las rejas a los probables homicidas, ladrones, violadores ni secuestradores y ya pasó el tiempo legal para pedirles cuentas.
En 2017 las víctimas y victimarios acordaron terminar la disputa en 3 mil 810 casos a cambio de poco más de 22 millones de pesos. Las denuncias eran por abuso de confianza, acoso sexual, allanamiento, daño en los bienes, discriminación, despojo, estupro, fraude, homicidio culposo, incumplimiento de obligaciones, lesiones culposas, robo simple y sustracción de hijo. Después ya no se detalló.
Acusan fabricación de culpables
Humbertus Pérez Espinoza afirma que el 60% de las sentencias son de falsos culpables por carpetas fabricadas o porque el imputado se declara culpable, aunque no lo sea, en el juicio abreviado, con la esperanza de tener una sentencia más corta y de acceder a beneficios de libertad anticipada y de preliberación, pero no por efectividad de la fiscalía: “La mayoría de las sentencias condenatorias son porque se declaran confesos y representa un supuesto alto índice de sentencias, porque la mayoría de los delitos son cometidos contra el patrimonio, es decir, robos que ocupan el 80% de las sentencias condenatorias en el Estado de México”.
Las detenciones, dijo, son arbitrarias por parte de la policía ministerial, pues siguen deteniendo a personas que andan caminando, regresan de sus trabajos, están en su casa; los ingresan a los penales, el juez los declara sin responsabilidad penal, pero al salir del penal vuelven a ser detenidos y se les giran nuevas órdenes de detención por delitos como: homicidio, secuestro, violación, extorsión, entre otros.
Sostuvo que a más de tres años y medio de la transformación de la Procuraduría en Fiscalía no ha cambiado nada en esta institución, pues se han incrementado las violaciones de los derechos humanos con detenciones arbitrarias, fabricación de carpetas y no se ha podido consolidar el servicio de carrera de ministerios públicos, peritos y policías.
En tanto, Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, consideró que no hay eficiencia en la fiscalía, pero sí sospechas de que fabrican culpables, pues cada año aumentan las investigaciones y las sanciones, pero se siguen cometiendo cada vez más delitos, no hay una debida persecución del delito, ni investigaciones, ni tampoco certeza de que las víctimas tienen justicia, pues mucha gente está en prisión sin pruebas: “Se dice con singular alegría en estas instituciones que cada año va aumentando el número de personas que están siendo investigadas o sancionadas por este tipo de delitos, pero se siguen cometiendo cada vez; entonces no existe una debida procuración, ni persecución de delitos, ni investigación”.
Y eso refuerza nuestra idea de que las personas que verdaderamente delinquen se encuentran afuera y las que están privadas de su libertad son personas injustamente presas, lo que también nos lleva a la idea de que finalmente es necesario acceder a una verdadera justicia, necesitan tener la certeza de que esa persona que se está sentenciando es quien realmente cometió el delito, con pruebas suficientes e investigación”.Coincidió con Humbertus Pérez en que en el estado de México basta que una persona señale a otra y nunca más aparecerse para que el acusado vaya a la cárcel, con lo cual todos somos susceptibles de ser sospechosos, en una falla estructural del sistema para investigar delitos.