En entrevista con AD Noticias, el doctor Gildardo Martínez Muñoz, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), analizó las causas estructurales del deterioro en el servicio de transporte público en el Estado de México.
Al responder sobre las razones de por qué el sistema de transporte público en la entidad está deteriorado, afirmó que es un tema complejo que recae en la falta de supervisión de las autoridades, modernización de las unidades y responsabilidad de usuarios, Estado y concesionarios.
Responsabilidades
El académico subrayó que la función primaria recae en el Estado, que debe fortalecer el sistema y garantizar la aplicación de la ley.
“El Estado es el rector, el que establece todos los lineamientos de la normatividad y los términos de las concesiones. En buena parte, corresponde al Estado estar supervisando y vigilando a los permisionarios”, explicó.
Sin embargo, los concesionarios también tienen una parte de responsabilidad, pues deben ofrecer un servicio adecuado y cumplir con las condiciones establecidas.
“Tienen autorizaciones, deben tener una participación más proactiva. Deberían vigilar cómo se comportan sus choferes, que las unidades estén en condiciones apropiadas, respetar rutas, horarios y frecuencias. Esta es una corresponsabilidad de varios”, señaló.
Martínez Muñoz también advirtió que los usuarios también deben cumplir las reglas para mejorar el funcionamiento del sistema.
“Los usuarios a veces no respetamos las reglas. Es una serie de factores que se van dando por una participación no apropiada de los actores, y eso hace muy complejo el funcionamiento del sistema”, sostuvo.
¿Qué dice la ley?
El especialista recordó que la responsabilidad del Estado está establecida en la Constitución local, la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el Código Administrativo y el Reglamento del Transporte Público.
“Ahí están todas las reglas que hay que seguir. Solo habría que ver que se apliquen, que se cumplan y que el Estado supervise”, indicó.
El artículo 4 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México establece que la movilidad es un derecho humano, lo que obliga a los gobiernos estatal y municipales a garantizar su ejercicio efectivo.
Modernizar y dignificar el sistema
Martínez Muñoz propuso modernizar el sistema de transporte, actualizar normas, mejorar la capacitación de los conductores y fortalecer la supervisión.
“Hay que revisar físicamente los vehículos, modernizar el sistema de pago y fomentar la movilidad no motorizada, pero creando las condiciones para que así sea. La capacitación de los conductores es fundamental”, explicó.
También destacó la urgencia de mejorar las condiciones laborales de los choferes, un aspecto que ha sido ignorado por años.
“El Estado y los concesionarios deben contribuir a que las condiciones laborales sean apropiadas y que los conductores se dediquen a conducir y dar un buen servicio”, añadió.
Del mismo modo, puntualizó que el sistema de infracciones hacia conductores debe mejorar.
«Hay que avanzar en el sistema de infracciones, llevar un registro y si alguien incurre frecuentemente en infracciones o en accidentes, que es otro tema, bueno, pues también tendría que pasarse a la parte de sanciones”.
En cuanto a servicios más avanzados, recomendó la inteligencia en las unidades de transporte público, donde son monitoreados por los concesionarios.
“También algo que puede ayudar es usar otros sistemas ya más avanzados, que se llaman inteligentes de transporte, para monitorear el servicio por los concesionarios y el Estado. Entonces, hay muchos puntos que tienen que fortalecerse y tomarse en cuenta para que el sistema de movilidad funcione más apropiadamente para todos los intervinientes”.
Entre la rentabilidad y el servicio público
El especialista advirtió que, aunque es legítimo que los concesionarios busquen utilidad, no deben olvidar que prestan un servicio público.
“Hay que equilibrar una tarifa apropiada para los concesionarios y asequible para los usuarios, pero con calidad. Hoy el servicio dista mucho de lo que la sociedad requiere: unidades deterioradas, conductores sin capacitación, rutas que no se ajustan a la normatividad”, lamentó.
Martínez Muñoz consideró que el Estado debe reforzar la vigilancia para que las concesiones cumplan los compromisos establecidos. Así como la renovación de unidades hasta la instalación de equipos de seguridad y la vigencia de seguros.
“Hay muchos compromisos que están establecidos, pero a la hora de la realidad no se cumplen”, señaló.
Un sistema por reconstruir
El académico concluyó que el derecho a la movilidad, consagrado en la Constitución y en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, solo será efectivo si el Estado y los concesionarios asumen plenamente sus responsabilidades.
“Hay mucho por hacer. No todo es del Estado, pero quien recibe una autorización para prestar un servicio debe garantizar calidad y cumplir los términos normativos y de las concesiones”, afirmó.
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