La reforma al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, contempla un cambio profundo en su estructura: la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Este nuevo órgano contará con independencia técnica, de gestión y plena autonomía para emitir sus resoluciones, según lo establece el artículo 100 de la Constitución.
Su misión será clara: fiscalizar al propio Poder Judicial. Lo hará con una integración inédita: cinco personas elegidas por la ciudadanía, cuya legitimidad democrática pretende fortalecer la confianza pública en la justicia.
¿Quiénes lo integran?
El Tribunal tendrá un modelo colegiado compuesto por tres mujeres y dos hombres —los más votados en las urnas— que desempeñarán el cargo durante seis años, con presidencia rotativa cada dos años y sin posibilidad de reelección. Esta estructura busca impedir el arraigo de poder y fomentar una rotación saludable de perfiles.
Al corte de las 13:00 horas del 4 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) reportó como posibles integrantes a:
Mujeres más votadas:
- Maricela Reyes Hernández: Magistrada en materia civil con más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial, actual presidenta de la Sala Constitucional.
- Kenia Núñez Bautista: Contralora estatal con experiencia en control interno y responsabilidad administrativa, además de formación doctoral y posdoctoral en derecho.
Karla Ivonne Díaz Iniesta: Maestra en Derecho Procesal Constitucional y exjefa del Registro Civil, con experiencia judicial y propuestas centradas en ética y evaluación.
Hombres más votados:
Jesús Ángel Cadena Alcalá: Especialista en derecho constitucional, electoral y de amparo, con enfoque en justicia digital y evaluación con perspectiva humanista.
- Alejandro Jaime Gómez Sánchez: Exfiscal general del Estado de México, cuya postulación ha generado controversia por su papel en casos como Tlatlaya y por señalamientos de presuntos actos de corrupción en su gestión.
Cabe señalar que el quinto lugar en la lista masculina aún podría modificarse, dado que el cómputo de actas aún no concluye.
¿Qué funciones tiene?
El Tribunal de Disciplina Judicial tiene una doble función: preventiva y sancionadora, estructurada en dos niveles:
Función jurisdiccional:
- Actuará como autoridad sustanciadora en segunda instancia, resolviendo los casos que le remitan las comisiones en primera instancia.
- Las comisiones, integradas por tres de sus miembros, se encargarán de la investigación inicial y del desahogo de responsabilidades administrativas.
Facultades clave:
- Iniciar investigaciones por oficio o denuncia.
- Aplicar medidas cautelares y de apremio.
- Sancionar a personas juzgadoras y administrativas por actos contrarios a la ley o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y excelencia.
- Dar vista al Ministerio Público si detecta posibles delitos.
- Solicitar juicio político en caso de jueces y magistrados electos por voto popular.
- Evaluar el desempeño de jueces y magistrados recién electos, aplicando medidas correctivas, suspensiones e incluso destituciones si no cumplen los estándares mínimos.
Sanciones:
Las sanciones van desde la amonestación, suspensión, sanción económica, inhabilitación hasta la destitución definitiva de servidores públicos judiciales.
¿Por qué es clave este órgano?
Este tribunal representa una ruptura con la lógica corporativa del Poder Judicial. Por primera vez, un órgano con autonomía real y origen ciudadano vigilará a quienes imparten justicia, rompiendo el círculo de protección interna que ha obstaculizado la rendición de cuentas.
Su carácter definitivo es también inédito: sus resoluciones son inatacables, lo que significa que no pueden ser impugnadas por vía judicial ni mediante amparo. Se busca, así, agilizar la justicia disciplinaria y cerrar espacios a la impunidad.
Además, su poder para dar vista al Ministerio Público y solicitar juicio político coloca al Tribunal como una pieza estratégica en la lucha contra la corrupción judicial. Este poder es especialmente significativo en un país donde la confianza ciudadana en los jueces ha sido históricamente baja.
Fundamento legal
El Tribunal de Disciplina Judicial nace con respaldo constitucional. El artículo 100 de la Constitución y el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen sus competencias, estructura y procedimientos. Su base normativa establece:
“Funcionará en Pleno y en comisiones. Podrá ordenar el inicio de investigaciones, atraer procedimientos, imponer sanciones y dar vista al Ministerio Público. Sus decisiones serán definitivas e inatacables”.
Además, la ley prevé mecanismos para garantizar la imparcialidad y objetividad en la evaluación del desempeño de magistraturas y juzgados, con posibilidad de suspensión y destitución en caso de resultados insatisfactorios.
Un parteaguas en el sistema judicial
La puesta en marcha del Tribunal de Disciplina Judicial marca un cambio de paradigma en el modelo de justicia en México, al apostar por la vigilancia ciudadana, la sanción efectiva y la transparencia en el actuar de jueces y magistrados.
Si bien la elección de sus integrantes ha suscitado debate —en especial por perfiles como el de Gómez Sánchez—, su operación será clave para determinar si esta reforma representa un verdadero avance o una oportunidad desperdiciada.
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