En Estados Unidos residen alrededor de un millón 200 mil mexiquenses, de acuerdo con las cifras oficiales de la Coordinación de Asuntos Internacionales. La mayoría, en los estados de California, Illinois, Texas y Arizona. De ellos, al menos 600 mil están en calidad de ilegales, por tanto, susceptibles de ser deportados de acuerdo con las políticas de expulsión y securitización de las fronteras anunciadas por el presidente electo Donald Trump. Frente a tal eventualidad, el gobierno del Estado de México ha optado por el silencio que enuncia indiferencia.
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Para darse una idea de la importancia del asunto y lo incomprensible que resulta que el gobierno estatal no se preocupe por elaborar, si ya no una política pública de atención integral a los paisanos en riesgo, al menos un plan emergente de auxilio, las remesas que envían los migrantes aportan 2.9 puntos del PIB estatal. Si no es por humanidad, que sea por el daño económico que podría generar su deportación.
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Las cifras de Banco de México colocan al Estado de México entre los 5 estados de la República más beneficiados por las remesas. Trimestralmente, los mexiquenses en Estados Unidos envían a sus familias un promedio de mil 200 millones de dólares, 400 millones mensuales, 13. 3 millones diarios, que convertidos a pesos mexicanos al tipo de cambio actual representan casi 300 millones de pesos diarios. El efecto de esos recursos en la economía de los municipios de origen es mayor, con mucho, que los mismísimos programas sociales. Es una franca estupidez no atenderlos.
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Laura Benhumea González, actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas, podrá tener los méritos suficientes para ser considerada como aspirante natural a la rectoría de la UAEMex, eso no está a discusión. Lo controversial es el ostensible nado sincronizado en medios de comunicación para posicionarla, catapultarla, construyéndole un halo irreal de infalibilidad o invencibilidad. Si esa es su estrategia, no parece la más acertada.
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Al jefe de la policía de Metepec, quien inicia su cuarto periodo en el cargo, se la ha hecho una mala costumbre criminalizar a las víctimas en un fallido y absurdo intento por blanquear, edulcorar, los crímenes de alto impacto que suceden en el municipio que él vigila y resguarda. Los asesinatos son horrorosos e inaceptables, así se trate de los hijos de Satanás. Lo hizo poco con el homicidio de una mujer en el centro del pueblo y lo ha vuelto a hacer con el de tres veladores culpándolos de tener antecedentes penales. Mal, eso no resuelve nada y erosiona la confianza.
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