El Gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar nuevas medidas para acelerar la deportación de menores migrantes no acompañados. Agentes federales están instruidos para preguntar directamente a adolescentes de entre 14 y 17 años si desean abandonar voluntariamente Estados Unidos.
Tradicionalmente, los menores no acompañados eran puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado de su protección. Sin embargo, esta semana se ordenó al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ofrecer la “salida voluntaria” como alternativa inmediata.
Si el menor acepta, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su repatriación. Si ICE no actúa en un plazo de 72 horas, el menor será remitido nuevamente al HHS.
Esta política se ampara en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de 2022, según indicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El argumento oficial es que se busca priorizar el regreso de los menores a un entorno seguro con sus padres o tutores legales en sus países de origen.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el riesgo de que menores tomen decisiones sin entender plenamente sus consecuencias.
También se advierte que la nueva política convierte a los menores en herramientas dentro de una estrategia más amplia de deportaciones masivas. Muchos de estos niños viven con familiares en Estados Unidos, pero siguen siendo clasificados como no acompañados debido a su forma de ingreso al país.
Una política en expansión
La administración Trump sostiene que esta práctica ha sido utilizada en gobiernos anteriores y ahora solo se extiende a menores de más nacionalidades. Sin embargo, solo aplicaba a menores de México y Canadá.
A la par de esta directriz, también se han implementado cambios en el proceso de verificación de patrocinadores, que ahora deberán ser entrevistados en persona antes de que se les permita recibir a los menores. La posible participación de agencias federales durante estas entrevistas ha generado temor entre familias inmigrantes, muchas de las cuales son indocumentadas.
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