En las recientes elecciones municipales, más allá de renovar los gobiernos locales, Turquía sometió a votación el respaldo al actual Ejecutivo y la decisión de castigar por los errores cometidos o perdonar en función de preservar la estabilidad nacional.
Alrededor de 52 millones de personas fueron convocadas a unos comicios considerados la prueba de fuego de la formación en el poder, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), y de su líder, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, acusados de cometer graves irregularidades en los últimos meses.
Pero, más que un ajuste de cuentas, los sufragios reflejaron el apoyo de la mayoría de la población al Gobierno islamista, no sin desatar fuertes controversias sobre su legitimidad.
Según los últimos datos divulgados por la Comisión Electoral, el AKP obtuvo un 45,6 por ciento de los votos, mientras los opositores Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el Movimiento Nacionalista (MHP) alcanzaron el 27,9 y el 15,2 por ciento, respectivamente.
Los comicios, marcados por muertes, detenciones y sospechas de fraude, acrecentaron la incertidumbre y las especulaciones.
Para Murat Yetkin, comentarista del diario Hurriyet, la victoria del AKP se debe a que la mayoría de los votantes cerró sus ojos y oídos ante pruebas divulgadas sobre su implicación en un escándalo de corrupción.
No obstante, el analista turco Bekir Agirdir asegura que los resultados electorales no demuestran tolerancia ni ignorancia por parte de la población, sino su decisión de elegir a aquellos con mayor capacidad para dirigir un país con múltiples conflictos internos.
Pudiera decirse, siguiendo las opiniones de los especialistas, que Turquía sometió su orgullo para evitar perjuicios irremediables a su integridad como nación, pero las sospechas, los temores y la desconfianza suelen ser obstáculos difíciles de superar.
CORRUPCIÃ"N Y OTROS DEMONIOS
Un tribunal de Estambul inició en diciembre de 2013 investigaciones contra unos 80 ciudadanos, incluidos los hijos de tres ministros, altos funcionarios y miembros del AKP, acusados de corrupción, soborno, malversación, lavado de dinero y exportación ilegal de oro.
El escándalo alcanzó niveles tales que obligó a una reestructuración del Ejecutivo, tras la manifestación de centenares de personas, las cuales exigieron la dimisión del Gobierno.
La oposición acusó a la dirección del país de promover actos para obstruir las investigaciones, entre ellos, destituir a cientos de juristas y miles de oficiales encargados del caso y responsabilizar a la policía de realizar escuchas telefónicas ilegales.
No obstante, el jefe del Ejecutivo aseguró que las denuncias contra él y su partido formaban parte de acciones conspirativas para inculparlos, coordinadas por la oposición y el clérigo musulmán Fethullah Gulen.
Aun sin aplacarse las condenas por malversación contra el Gobierno, alrededor de dos millones de personas de 53 provincias turcas protestaron en marzo por la muerte de un joven de 15 años, víctima de la represión policial durante manifestaciones contra la destrucción de los bosques del parque Gezi el verano pasado.
En las demostraciones por el deceso del adolescente, al menos dos individuos murieron, cientos resultaron heridos y 417 fueron detenidos, indicó la versión digital del diario Hurriyet.
Los disturbios de Gezi, iniciados en mayo de 2013 en defensa de la preservación de una de las áreas verdes representativas de Estambul, se convirtieron en escenarios de demandas sociales y críticas contra el Ejecutivo y se extendieron a lo largo del país.
Poco después de los sucesos en torno al fallecimiento del joven, nuevas críticas se desataron contra el Gobierno, esta vez después de que la Dirección de Telecomunicaciones de Turquía (TIB) informara la prohibición del acceso a Twitter y YouTube en esta nación.
La restricción de Twitter fue estipulada por el primer ministro y su equipo, tras la divulgación en esa red social de pruebas sobre su implicación en el escándalo de corrupción desatado en diciembre.
Una medida similar fue tomada con YouTube, plataforma que difundió grabaciones de una supuesta conversación estatal de seguridad sobre una posible intervención en Siria bajo el pretexto de defender un enclave turco en la nación árabe.
Ambas decisiones provocaron el descontento de fuerzas opositoras, la población y organismos internacionales como la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional turco se refirió a esas disposiciones como una violación de la libertad de expresión y de los derechos individuales y exigió su revocación inmediata.
VICTORIA ¿INESPERADA?
El AKP llegó a las elecciones municipales del 30 de marzo ensombrecido por las acusaciones y sospechas sobre los sucesos antes mencionados, mientras Erdogan aseguró que su continuidad en el poder dependía de los resultados de las votaciones.
Las denuncias sobre fraude y los disturbios no cesaron durante la celebración de los comicios: al menos ocho personas murieron, cerca de 30 resultaron heridas y decenas fueron detenidas, como resultado de enfrentamientos entre partidarios de candidatos opuestos.
Por otra parte, boletas marcadas a favor de formaciones opositoras fueron encontradas en bolsas de basura de seis escuelas de la sureña provincia de Osmaniye, utilizadas como colegios electorales.
Miembros del CHP y el MHP reclamaron un recuento de las papeletas en varias ciudades, entre ellas, Ankara y Estambul, y responsabilizaron al AKP de lo sucedido.
En Ankara, miles de partidarios de la oposición se manifestaron frente a la sede del Consejo Electoral, mientras decenas de personas vigilaban las urnas en espera de una revisión de los resultados.
La victoria de la actual formación en el poder, aunque esperada por muchos, no dejó de llamar la atención de otros tantos.
"Es sorprendente después de las historias de corrupción de los últimos meses", opina Rasit Kaya, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Medio Oriente, quien considera que el triunfo de Erdogan se debe a una estrategia enfocada a alcanzar el respaldo del sector conservador.
Según Kaya, "esa parte de la población turca ganó prestigio y terreno durante 12 años de mandato del AKP e, independientemente de las acusaciones contra ese partido, lo apoya por miedo a perder el estatus alcanzado".
Como jefe del Ejecutivo turco desde hace más de una década, a Erdogan le atribuyen el mérito de llevar a la nación euroasiática a las puertas de la Unión Europea y de triplicar la renta per cápita de sus ciudadanos.
Pese a ser acusados de violar los estatutos de la República laica, que exigen la separación entre cuestiones estatales y la fe, Erdogan y el AKP han actuado a favor de la preservación de tradiciones islamitas, religión mayoritaria en el país, lo cual le reporta gran cantidad de seguidores.
Además, bajo su mandato se iniciaron las negociaciones para poner fin al conflicto entre el Gobierno y grupos separatistas kurdos, el cual dejó más de 45 mil muertes en los últimos 30 años.
En un discurso pronunciado después de conocerse su victoria en los sufragios municipales, el jefe del Ejecutivo prometió a 77 millones de ciudadanos la construcción de "una democracia más fuerte".
"Abramos una nueva página. Pongamos los intereses de nuestra nación por encima de todo. La vieja Turquía ya no existe. Los traidores pagarán", manifestó.
Mientras espera el cumplimiento de las promesas realizadas por su primer ministro o la llegada de un oponente a la altura de sus expectativas, Turquía permanece en un supuesto ambiente de aceptación y tolerancia, interrumpido a veces por protestas que son disipadas.
*Periodista de la redacción Europa de Prensa Latina.
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