La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV), ubicada en el municipio de Nicolás Romero, atraviesa un contrastante entre los presupuestos millonarios destinados a su operación y las denuncias de su comunidad estudiantil por las condiciones de su infraestructura. A esta problemática se suman recientes señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que advierten posibles irregularidades en la justificación del gasto.
Auditoría y manejo de recursos
Durante el Ejercicio Fiscal 2025, la UTFV operó un presupuesto total de 259 millones 978 mil 537 pesos. Sin embargo, la revisión de la cuenta pública del año previo derivó en observaciones formales.
De acuerdo con el dictamen de la auditoría de cumplimiento 2024-4-99314-19-0863-2025, la ASF analizó un parámetro de 232 millones 163 mil 200 pesos transferidos a la institución.
El informe oficial determinó un probable daño al presupuesto por 930 mil 964.18 pesos, originado por pagos no justificados o ejecutados fuera de la normativa aplicable por parte de la administración universitaria.
Para el año en curso, el Presupuesto de Egresos asignó a la institución 178 millones 11 mil 674 pesos de forma exclusiva a través del programa U006 (Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales) de la Secretaría de Educación Pública. Esta cifra se compone de aportaciones paritarias entre el gobierno federal y el Estado de México.
Cuotas estudiantiles frente al deterioro físico
A pesar de la cantidad de recursos federales y estatales, sumados a las cuotas cuatrimestrales de 3 000 pesos que cubre cada alumno, la comunidad universitaria ha documentado deterioro en las instalaciones físicas, con reportes que denuncian estragos persistentes durante meses recientes.
Los testimonios y reportes de los estudiantes detallan riesgos de seguridad e higiene dentro del recinto. En materia de accesos, se han registrado caídas de motociclistas a causa de la acumulación de grava suelta en el ingreso vehicular de la Puerta 5.
Al interior del campus, las vías peatonales que conectan con el Edificio P y el Estadio Dragón quedan intransitables por severas inundaciones tras las lluvias.
Así mismo, instalaciones operativas básicas presentan fallas continuas; los sanitarios ubicados en el Edificio O, la biblioteca y el gimnasio han operado con el suministro de agua potable suspendido de manera intermitente, lo que ha detonado las inconformidades del alumnado frente a la falta de respuesta de las autoridades rectorales.
La perspectiva estudiantil
Julio R., estudiante de la carrera de Diseño, confirmó el escenario de deterioro para AD Noticias. Señala que las fallas en infraestructura y servicios son una constante, concentrándose principalmente en los sanitarios, algunas aulas y las áreas comunes.
A la par, advierte que desde 2025 hasta la fecha no ha observado la conclusión de ninguna obra de mantenimiento mayor o de construcción nueva en el recinto.
A las deficiencias físicas se suma un entorno de profunda vulnerabilidad en el perímetro de la universidad. El alumno relata que, si bien no ha sido afectado de manera directa, compañeros suyos han sido víctimas de asaltos en las rutas de transporte público que conectan con el plantel.
Más alarmante aún es la violencia en la zona: asegura que, en diversas ocasiones, se han escuchado detonaciones de arma de fuego en las cercanías de las instalaciones, particularmente durante los horarios de salida.
Frente a estos riesgos, los protocolos preventivos de la UTFV resultan endebles. El control de ingreso para personas ajenas al campus se limita a una revisión superficial donde, de acuerdo con el testimonio, «solo pedían INE y ya, nunca revisaron ni verificaban credenciales estudiantiles nada».
Al exterior, el apoyo de las autoridades es igualmente deficiente; los patrullajes preventivos, ya sean municipales o estatales, son esporádicos en las horas pico y los elementos policiales «solo tomaban fotos y se iban».
Esta suma de omisiones administrativas y de seguridad ha permeado en el ánimo del alumnado, desincentivando el reporte de incidencias.
Al ser cuestionado sobre la presentación de quejas formales ante la rectoría o la dirección de su carrera, Julio es tajante: «Nunca prestan atención a las quejas».
Por ello, ante la urgencia de la situación, las demandas para las autoridades universitarias se centran en acciones básicas pero vitales: mejorar la iluminación del plantel, garantizar un patrullaje efectivo y endurecer los protocolos de seguridad para el ingreso a la escuela.
Mientras los órganos fiscalizadores documentan opacidad financiera y probables daños al erario, los estudiantes asumen el costo directo de la negligencia institucional, enfrentando el colapso de servicios básicos, infraestructura deficiente y un entorno de violencia y vulnerabilidad en la periferia.
Este panorama actual exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto y garanticen espacios dignos para el buen aprendizaje de las y los estudiantes que no ven reflejadas sus cuotas.
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