Toluca, Estado de México; 3 de mayo de 2019.- Mientras la sociedad no se involucre y deje de visualizar la violencia contra las mujeres como un hecho “normal”, no habrá programas que den resultado en la lucha contra este fenómeno, aunado a que la educación es la principal herramienta que debe usarse para abatir dicha problemática.
Así lo consideraron representantes gubernamentales, de la academia y de organizaciones civiles, junto con el comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, al participar en el foro “De la Prevención a la erradicación de los feminicidios en el Estado de México. Construcción de la Ley General”, que organizó el grupo parlamentario del PAN y la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, de la LX Legislatura local.
Sobre el tema, Héctor Domínguez Ruvalcaba, profesor-investigador de la Universidad de Texas, en Austin, EUA, cuestionó el hecho de que nadie interviene cuando se presenta un caso de violencia contra una mujer, ni lo hacen al observar un forcejeo en el metro, por ejemplo, que podría ser un caso de secuestro. Esto, dijo, obedece a la cultura machista y misógina que todavía predomina en México y que debe erradicarse para poder avanzar como una mejor sociedad.
Antes, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, reconoció que falta una mayor vinculación entre las autoridades y la sociedad, que no denuncia los casos por no querer meterse en problemas. Sin embargo, apuntó que el tema de la violencia de género ya no es un problema privado, sino que ahora es de carácter público y, por tanto, requiere la intervención de la ciudadanía.
Mencionó como ejemplo el homicidio de una mujer y sus hijos ocurrido en el Valle de México, el cual pudo evitarse si sus vecinos que se daban cuenta que con frecuencia ella y sus niños eran golpeados por el esposo, hubieran denunciado oportunamente al agresor.
En tanto, Yuritzi Hernández de la Rosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios del Estado de México, consideró que la Alerta de Género no ha funcionado como debiera, en parte a que la sociedad no se ha involucrado en el tema.
Durante su intervención Enma Obrador Garrido Domínguez, abogada fundadora y directora de la Asociación de Mujeres Abrazando México, denunció que en lo que va de este año, han ocurrido 33 homicidios dolosos de niñas menores de 14 años, que no entran a las estadísticas de los feminicidios por el simple hecho de no haber podido denunciar previamente a sus asesinos, por lo que hizo un llamado para cambiar la perspectiva de esa problemática social y que se revise el Código Penal para tipificar esos delitos.
El comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, manifestó por su parte que antes de hacer leyes es necesario prevenir, pues dijo, la ley en sí misma, no es la “medicina” para abatir la violencia contra las mujeres. “Así tengamos la ley más perfecta del universo, ésta no va a resolver el flagelo”.
Resaltó que es a través de la educación como podrá avanzarse en la eliminación de este problema, por lo que hizo un llamado “atento y respetuoso”, tanto a la Secretaría de Educación como a quienes estén relacionados con la administración escolar, para que se sumen a la Recomendación General sobre la Situación de la Violencia de Género en el Estado de México, en Particular la Feminicida, que emitió el año pasado la CDHEM.
Avalada por diversos académicos y especialistas en el tema, señaló que esta recomendación que fue dirigida a los 125 municipios, al fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Medina Peñaloza, solo ha sido aceptada hasta el momento por el titular de la FGJEM.
En el foro se destacó que una Ley General Contra el Feminicidio permitirá homologar estadísticas y la penalidad de este delito a nivel nacional, ya que actualmente la diversidad de criterios al respecto no ha permitido contar con cifras precisas sobre los casos ocurridos en el país, a fin de visualizar con mayor precisión la dimensión de este problema social.
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