A pesar de haber ganado un juicio en 2024 por más de 880 millones de pesos en concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), extrabajadores de Valeo Sistemas Eléctricos en Toluca denunciaron que no se ha cumplido lo prometido: de tres pagos acordados, solo han recibido uno.
“Ocho años después, seguimos esperando. En marzo salimos a manifestarnos porque salió un pago a nuestro favor, pero no se ha respetado lo acordado”, afirmó uno de los afectados. La protesta de marzo ocurrió tras un comunicado emitido por el secretario general de la CROC —quien representa a las plantas de Valeo en Toluca y San Luis Potosí—, donde se reconocía el adeudo millonario a los extrabajadores de 2016.
“Valeo se ha negado a pagarnos desde un inicio”
Los extrabajadores acusan que, desde el principio, la empresa ha buscado evitar el pago, primero con retrasos, luego con un juicio, y ahora con un amparo reciente que busca frenar la ejecución del pago, pese al fallo a su favor.
En Valeo Toluca, alrededor de 240 personas siguen esperando su compensación. Algunos excolaboradores aseguran que se les deben hasta 120 mil pesos, y otros alrededor de 75 mil pesos. “Nos prometieron que todo se iba a pagar, pero nada se ha cumplido”, señalaron.
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Protestas sin solución
El 24 de marzo, más de 150 personas bloquearon el acceso a la planta de Toluca durante más de 10 horas. Exigían una reunión con la empresa y la definición de un mecanismo de pago. Como resultado, solo se pactó una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el 29 de abril.
Contradicciones en expansión
Mientras mantiene la deuda laboral, Valeo ha continuado su expansión en México. En 2023, el entonces gobernador Alfredo del Mazo anunció una inversión de 29 millones de dólares para una nueva planta en Lerma, con 220 empleos planeados. La planta de Toluca, en operación desde 1990, emplea actualmente a unas 650 personas.
A nivel nacional, Valeo cuenta con 16 plantas y 3 centros de investigación, con más de 12,500 empleados. A escala global opera en 33 países.
Un conflicto abierto y sin fecha de resolución
El caso involucra a autoridades federales, como el SAT, así como al gobierno de San Luis Potosí y la fiscalía estatal. Mientras tanto, los afectados insisten en que los compromisos firmados no se han cumplido y que, a ocho años de distancia, las deudas siguen sin saldarse.
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