Toluca, México; 15 de junio de 2018. En el presente año han sido asesinadas 39 mujeres en el territorio mexiquense; esa cantidad se suma a las 301 que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en el 2017. No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no tiene un registro oficial sobre estos asesinatos, y diversas organizaciones civiles y no gubernamentales discrepan de las cifras oficiales de gobierno.
Para nadie es un secreto que los índices de violencia en el Estado de México han crecido considerablemente en los últimos años.
Las doloras cifras indican que las mujeres se han convertido en la entidad en el blanco perfecto de la delincuencia, pues a pesar de las promesas de campaña de Alfredo del Mazo Maza, quien se comprometió a ser gobernador de las mujeres y quien dijo que ellas serían prioridad durante su administración, en lo que va del año a 39 de ellas les han arrebatado los sueños, las ilusiones, las metas, las esperanzas, pero sobre todo la vida de una manera violenta. esto, de acuerdo con el artículo 242 del Código Penal del Estado de México es tipificado como feminicio.
El ser mujer en el Estado de México representa vulnerabilidad e impunidad. En 2017 en el estado fueron asesinadas 301 mujeres, por ello, a nivel nacional la entidad se colocó en el lugar número 20 en cuanto a comisión de feminicidios, de acuerdo con el reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo Nacional. De ese total, la Fiscalía mexiquense ha indicado que el 70 por ciento aún no han sido esclarecidos.
Para que se siga una línea de investigación por feminicidio, no basta que la víctima sea asesinada, despojada, abandona en canales o terrenos baldíos, incluso enterrada en fosas clandestinas. De acuerdo con el artículo 242 del Código Penal del Estado de México, para que un asesinato sea catalogado como feminicidio, es necesario que las muertes estén asociadas a exclusión social, discriminación, subordinación o explotación por parte de un sujeto. Asimismo, debe haber indicios que reflejen que sufrió violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.
De igual manera, su cuerpo debe tener signos de violencia sexual, mutilaciones, lesiones o actos de necrofilia. También, la persona que haya cometido el delito debe haber sostenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, con la víctima.
Ya reunidas todas las pruebas, el responsable puede alcanzar una pena que va de los 40 a los 70 años de prisión o de 700 a 5 mil días de salario mínimo de multa.
Es terrible ver el sufrimiento de familias, madres, hijos que han padecido la pérdida de un ser querido, pero es aterrador cuando este fue asesinado con golpes en la cabeza, con un cuchillo, con un disparo o ahorcado con un cable, un lazo o con las manos.
Esta no es una realidad ajena en el Estado de México. En entrevista para el Sol de Toluca, Anayeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidios, afirmó que más del 50 por ciento de los ataques ocurren en lugares públicos y que la mayoría de las víctimas son mujeres entre 15 y 17 años.
Tan sólo en tres años (2014-2017) en territorio mexiquense se registraron mil 420 mujeres asesinadas, esto, a pesar de que la entidad cuenta con una fiscalía especializada en atención a los delitos contra la mujer, de que en el estado existe transporte rosa equipado con cámaras de seguridad, y de que existe una alerta de género desde julio de 2015, decretada por el entonces gobernador, Eruviel Ávila Villegas, para 11 municipios (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco), cuyo objetivo es emprender acciones gubernamentales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las féminas. No obstante, en los Ayuntamientos antes mencionados ocurren más de la mitad de los homicidios.
Cada feminicidio tiene una historia, un rostro, un nombre, algunos son conocidos pues se volvieron mediáticos, otros son olvidados […].
Son muchas mujeres, como Blanca Edith Barrón Cedillo, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Tecámac- Tizayuca el pasado 9 de mayo de 2012. Este presentaba signos de tortura y abuso sexual; su agresor fue sentenciado a 70 años de prisión. También podemos recordar el caso de Lupita o mejor conocida como “Calcetitas Rojas”, tenía 5 años y fue ultimada brutalmente por su madre y su padrastro, sus restos fueron hallados en marzo de 2016 en un terreno baldío de Nezahualcóyotl y presentaba golpes y signos de tortura.
Otro caso es del Fanny, una joven de 29 años que abordó un taxi en Metepec. El 14 de diciembre de 2017, después de una semana de búsqueda por parte de las autoridades, su cuerpo fue localizado en una carretera de Acambay. La versión oficial de la Fiscalía fue el móvil de su asesinato estuvo ligado a una relación sentimental que sostuvo meses antes de fallecer.
A estos asesinatos se suma Jhenifer, una chica de 20 años que estudiaba la preparatoria. Su cadáver desnudo, con signos de abuso sexual, fue hallado en una mina cerca de Chimalhuacán el 1 de junio.
Todos estos sucesos tienen un denominador. El 59.7 por ciento de los ataques a mujeres ocurren en lugares públicos; no obstante, para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México este indicador no forma parte de sus protocolos de investigación.
Incluso esta instancia ha recibido varias recomendaciones por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, ya que considera que hay fallas en las líneas de investigación de este delito y no cuenta con una cifra oficial sobre el mismo.
Estamos en época electoral y las mujeres proporcionan casi seis millones de votos en el Estado de México, pero es triste observar que hay silencio respecto al tema y ausencia de voluntad política para enfrentar esta emergencia, pues candidatos a alcaldías, diputaciones locales y senadurías, en su mayoría no han presentado propuestas y programas sobre la violencia contra las mujeres.
En Ecatepec, el municipio que ocupa el primer lugar en asesinato a las mujeres, el candidato a senador por parte de la coalición “Por México al Frente” Juan Zepeda, afirmó que de llegar al Senado propondrá que la alerta de género se aplique en los 125 municipios mexiquenses; esta misma promesa fue retomada por la morenista Delfina Gómez.
César Camacho, candidato del PRI al Senado de la república, se comprometió a crear un nuevo sistema penal que condene cualquier forma de agresión contra las mujeres, a fin de que el feminicidio se castigue frontalmente.
¿Cuántas más?, acaso se tienen que incrementar aún más los crímenes brutales en contra de niñas, jovencitas y ancianas para que el gobierno mexiquense atienda esta epidemia, para que los protocolos de investigación sean atendidos adecuadamente y que no se siga generando un patrón de impunidad a nivel federal y estatal.
A pesar de que en 31 entidades el feminicidio ya está tipificado en su legislación como delito, y mediante esta legislación se pretende conseguir justicia para las víctimas, hasta ahora sólo se ha obtenido indiferencia, demora, rezago y el miedo de miles de mujeres que al salir a las calles no se sienten seguras.