El Senado aprobó una reforma constitucional que establece un requisito hasta ahora inexistente para quienes aspiren a ejercer los principales cargos ejecutivos del país: deberán tener exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La modificación alcanza la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No elimina la doble nacionalidad ni obliga a renunciar a ella a los mexicanos que la poseen. La restricción opera para quien pretenda ocupar alguno de esos cargos.
En la votación, los senadores mexiquenses Enrique Vargas del Villar, del PAN, y Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, votaron en contra. Higinio Martínez y Mariela Gutiérrez, de Morena, lo hicieron a favor.

La diferencia importa en el Estado de México porque, una vez concluido el procedimiento constitucional, el requisito formará parte de las condiciones para quien aspire en el futuro a suceder a Delfina Gómez.
Qué cambia
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Su propósito es establecer que quien encabece el Poder Ejecutivo federal o el de una entidad mantenga un vínculo jurídico de nacionalidad exclusivamente con México.
Eso acota considerablemente el universo de personas afectadas. Un mexicano podrá conservar otra nacionalidad para estudiar, trabajar, invertir, residir en otro país o ejercer los derechos que le reconozcan ambas legislaciones. El impedimento aparece cuando decide competir por uno de los cargos incluidos en la reforma.
En términos prácticos, una persona con doble nacionalidad que quiera registrarse como candidata a la Presidencia o a una gubernatura tendría que renunciar previamente a su otra nacionalidad.
¿Qué busca proteger?
El punto central es la relación entre nacionalidad, soberanía y ejercicio del poder público.
Tener dos nacionalidades no supone deslealtad. Millones de personas mantienen vínculos jurídicos legítimos con más de un país y eso, por sí mismo, no dice nada sobre su compromiso político.
La discusión cambia cuando se trata del jefe del Estado.

El Presidente conduce la política exterior y tiene atribuciones constitucionales vinculadas con las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Un gobernador ejerce, a su escala, funciones esenciales del poder público. La reforma busca evitar que quien desempeñe esas responsabilidades conserve simultáneamente derechos derivados de otra ciudadanía o la posibilidad de invocar la protección jurídica de otro Estado.
Es una prevención constitucional: eliminar de origen una eventual colisión entre dos vínculos nacionales en la persona que ejerce el Ejecutivo.
No es una discusión imaginaria
América Latina ofrece ejemplos actuales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nació en Miami y posee las nacionalidades ecuatoriana y estadounidense. Ecuador permite la doble nacionalidad y su Constitución no establece para la Presidencia una exclusividad equivalente a la que ahora se incorpora en México.
Colombia ofrece un caso todavía más amplio. Abelardo de la Espriella posee las nacionalidades colombiana, estadounidense e italiana. La legislación colombiana permite la pluralidad de nacionalidades para un colombiano por nacimiento y el asunto generó una discusión pública sobre posibles conflictos de interés, aunque jurídicamente las otras nacionalidades no constituían un impedimento.
Los casos permiten distinguir dos planos que suelen confundirse. Una cosa es afirmar que una segunda nacionalidad produce automáticamente una doble lealtad —no existe fundamento para sostenerlo— y otra decidir si el Estado quiere impedir, por diseño constitucional, que esa posibilidad jurídica exista en quien concentra el Poder Ejecutivo.
México optó por cerrar esa puerta.
La soberanía tiene historia
La discusión mexicana tampoco ocurre en el vacío.
Después de consumar su Independencia, el país enfrentó el intento español de reconquista de 1829; la primera intervención francesa de 1838; la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848, que concluyó con la pérdida de más de la mitad del territorio de entonces, y la intervención francesa iniciada en 1862.
Esta última dejó una de las imágenes más incómodas del siglo XIX mexicano: sectores conservadores apoyaron la instauración de una monarquía y el trono fue ofrecido a Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó la Corona y formalizó con Francia los Tratados de Miramar. La República encabezada por Benito Juárez terminó imponiéndose y fue restaurada en 1867.
De ahí que la soberanía en México no sea solamente una abstracción constitucional. La experiencia histórica explica por qué la relación entre poder político e intereses extranjeros ha ocupado un lugar persistente en la construcción del Estado mexicano.
La reforma lleva esa vieja preocupación a una pregunta contemporánea: ¿debe quien gobierna México mantener simultáneamente un vínculo de ciudadanía con otro Estado?
Dos votos mexiquenses
Ahí entran Enrique Vargas y Cristina Ruiz.
Los dos son senadores, pero llegaron por caminos distintos. Vargas ocupa el escaño de primera minoría por el Estado de México. No ganó la fórmula de mayoría, pero obtuvo la representación que la Constitución reserva a la primera minoría de cada entidad. El Sistema de Información Legislativa lo registra bajo ese principio de elección.

Cristina Ruiz llegó por representación proporcional, mediante la lista nacional del PRI. El mismo registro legislativo la identifica expresamente como senadora de representación proporcional.
Por eso el dato político no necesita adjetivos: ninguno ocupa su escaño como ganador de la mayoría electoral mexiquense.
Su voto es plenamente válido y no requiere una consulta popular previa. El punto de interés público es otro: tratándose de una reforma constitucional que modificará también los requisitos para gobernar el Estado de México, corresponde conocer las razones de ambos senadores para rechazarla y qué intereses o argumentos consideraron al fijar su posición.
¿Qué sigue?
La aprobación del Senado no concluye el procedimiento. Al tratarse de una reforma constitucional, debe obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de realizarse la declaratoria correspondiente.
Si completa ese proceso, la regla será sencilla: la doble nacionalidad seguirá siendo un derecho para los mexicanos; la nacionalidad exclusivamente mexicana será requisito para quienes pretendan ejercer determinados cargos del Poder Ejecutivo.
En el Estado de México quedará además una pregunta política concreta para Vargas y Ruiz.
No por la legalidad de su voto, que está fuera de discusión, sino por su explicación pública:
¿por qué votaron en contra?


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