El desbordamiento del Río Borracho, ocurrido la noche del 1 de junio en Huixquilucan, dejó una persona fallecida, daños en viviendas y decenas de familias afectadas. Sin embargo, para habitantes de Jesús del Monte, La Galicia y zonas cercanas, no fue un hecho inesperado, pues aseguran que durante años advirtieron sobre modificaciones realizadas en un tramo del cauce.
Denuncian que presuntamente se depositó cascajo para ganar superficie y habilitar un área utilizada para el estacionamiento de pipas. Esto cobra relevancia luego de que la inundación afectó zonas habitacionales cercanas al río, donde el agua y el lodo ingresaron a viviendas, destruyeron infraestructura y provocaron la muerte de una mujer de 40 años.
«Hagan algo en contra del mafioso de Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras», demandó uno de los residentes de Jesús del Monte mientras evaluaba la pérdida de su patrimonio.
La exigencia vecinal subraya la corresponsabilidad que los habitantes atribuyen a la actual alcaldesa, Romina Contreras, y a su antecesor, Enrique Vargas del Villar, bajo cuyas administraciones, afirman, se ignoraron las denuncias sistemáticas por la destrucción vial, la apropiación de pozos y, finalmente, el relleno con cascajo del Río Borracho. Testimonios de septiembre de 2025 ya ubicaban en esa misma carretera a unidades pesadas que la comunidad identificaba como «las pipas de Enrique Vargas», acusadas de la extracción masiva de agua potable.
El tapón letal y el negocio de la sequía
El epicentro de la catástrofe se ubica en el sistema hidrológico de 12.6 kilómetros que conforma el Río Borracho. En los terrenos colindantes a la barranca, entre La Galicia y la carretera Santiago Yancuitlalpan–Jesús del Monte, el cauce habría perdido más del 50 % de su capacidad hidráulica, según señalan habitantes y miembros del observatorio ciudadano Huitzquillocan.
Integrantes del observatorio ciudadano Huitzquillocan difundieron imágenes aéreas en las que señalan una reducción considerable del cauce natural en terrenos ubicados entre La Galicia y la carretera Santiago Yancuitlalpan–Jesús del Monte. Según los habitantes, esta modificación habría reducido la capacidad de conducción del río durante las lluvias intensas.
Los vecinos sostienen que el área era utilizada para el resguardo de camiones cisterna dedicados a la distribución de agua. De acuerdo con sus testimonios, en el lugar operaban diariamente decenas de unidades pesadas.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado oficialmente si el relleno señalado por los habitantes contaba con permisos, autorizaciones ambientales o estudios hidráulicos.
La tormenta registrada la noche del 1 de junio provocó un incremento en el caudal del río. Habitantes consideran que la reducción del cauce contribuyó a que el agua se desbordara hacia zonas habitacionales.
La Fiscalía mexiquense, Protección Civil y las autoridades competentes deberán determinar si existió alguna intervención irregular sobre el cauce y si esta tuvo relación con la magnitud de la inundación.
Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las familias afectadas exigen una investigación que permita esclarecer si las denuncias vecinales ignoradas durante años tuvieron relación con la tragedia.
AD Noticias solicitó la postura del Ayuntamiento de Huixquilucan sobre los señalamientos realizados por habitantes respecto a las presuntas modificaciones en el cauce del Río Borracho y su posible relación con la inundación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta oficial.
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