Toluca, México; 17 de octubre de 2019.- Despidos injustificados, despojo de espacios que pertenecen a la ciudadanía, falta de recursos para las delegaciones son algunas de las acusaciones que vecinos del municipio de Ocoyoacac realizaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contra el ayuntamiento de la alcaldía mencionada, encabezada por Anayelly Olivares.
Miguel Ángel Montoya Casasola, quien estuviera al frente de la Subdirección de Educación de Ocoyoacac, y Erick Abraham Gutiérrez Moreno, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la misma alcaldía, denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada.
Su caso no es el único, expresaron durante la reunión con el titular de la Codhem, Jorge Olvera: otros trabajadores del ayuntamiento también han sido víctimas de esta medida que las autoridades han tomado y la cual justifican con “la austeridad” que abandera el partido Morena.
Además, señaló Montoya, para que los trabajadores del ayuntamiento puedan acceder a su contrato, primero tienen que firmar una renuncia anticipada. “Esto cercena sus derechos laborales”, declaró Javier Sierra, titular de la Defensoría de Derechos Humanos ocoyoaquense.
Aunado a esto, los trabajadores del ayuntamiento de Ocoyoacac también han sido víctimas de acoso y hostigamiento laboral. De acuerdo con Sierra, son aproximadamente 60 empleados los perjudicados por estos tratos.
Las madres de 60 niños deportistas también acudieron a la CODHEM. En su intervención explicaron que desde hace tres décadas, hay un auditorio en el que los menores practican Taekwondo; sin embargo, a inicios de este año, el DIF municipal comenzó a ponerles trabas para acceder al espacio, hasta que, finalmente, les negaron la oportunidad de practicar en el lugar, a menos que pagaran una cuota de 400 pesos.
Esto sucedió a pesar de que son las madres y padres de familia quienes se encargan de mantener el auditorio en buen estado.
“El edificio es del pueblo, para uso y bienestar del pueblo”, dijo una de las asistentes. Las mamás de los pequeños taekwondoínes pidieron que se les apoye para recuperar el lugar donde sus hijos entrenan, ya que el próximo mes tendrán una competencia.
Otra de las acusaciones fue hecha por Ángel Morales, delegado de la comunidad de Santiaguito, quien, en representación de 22 delegaciones afectadas por la falta de apoyo para sus localidades, manifestó que la presidenta municipal de Ocoyoacac les ha negado recursos para emprender obras públicas.
Javier Sierra explicó que esta represalia por parte de la alcaldesa se debe a que, durante la elección de autoridades auxiliares en Ocoyoacac, los habitantes de 22 delegaciones se opusieron a que Anayelly Olivares colocara a “gente a modo” en esos cargos públicos.
De ahí que esas localidades carezcan de recursos para darle mantenimiento a las vías de comunicación, o para que realicen obras públicas. “Están abandonadas las comunidades. Bajo el pretexto de una bandera republicana, Olivares ha dicho que no hay recursos”, dijo el titular de la Defensoría de Derechos Humanos ocoyoaquense.
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A esta triada de acusaciones se añade la que presentaron los artesanos de Ocoyoacac, quienes en septiembre denunciaron que habían sido despojados de la “Casa del Artesano”, sitio donde ofrecían sus artesanías. Cerca de 300 artesanos resultaron afectados por esta acción que provocó una baja en sus ventas de hasta 80 por ciento.
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En su intervención, el titular de la Codhem, Jorge Olvera, expresó que para comenzar las investigaciones respectivas, este organismo solicitará informes y medidas precautorias para evitar que haya represalias contra las personas que presentaron sus quejas.
En ese sentido, invitó a los ocoyoaquenses a que mantengan una apertura al diálogo para poder entablar acuerdos con las autoridades de su municipio.
Cabe recordar que en junio pasado, los habitantes de Tepexoyuca, una comunidad indígena de Ocoyoacac, presentaron una demanda contra Anayelly Olivares por el presunto delito de desacato a un acuerdo establecido por un Juez Federal.
Este acuerdo pactado entre los de Tepexoyuca y la alcaldesa establecía que ella no cedería el edificio “Emiliano Zapata” a las autoridades auxiliares de la comunidad, si no que sería la comunidad indígena la encargada de administrarlo.
Sin embargo, Olivares desacató el acuerdo, delito por el cual merecía prisión preventiva, así como la remoción de su cargo. A tres meses de que incurriera en este crimen, ella continúa libre, mientras que el descontento de los pobladores de Ocoyoacac crece conforme pasan los días.