Familiares de los vendedores de pollos, secuestrados en una bodega de local donde trabajaban en Toluca, protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales del poder ejecutivo y de la Fiscalía General de justicia del Estado de México den con el paradero de las víctimas.
Karina Contreras, propietaria de la pollería donde fueron secuestrados los trabajadores el pasado 22 de diciembre, se manifestó en la entrada del Palacio de Gobierno. Informó a los medios que las autoridades han ignorado sus llamados de auxilio, sufriendo amenazas e intimidaciones por parte de la Familia Michoacana durante más de 3 años.
Ante la negativa de pagar el «derecho de piso», denunció que ella y su padre han sido secuestrados previamente, y les han incendiado bodegas, siendo el último ataque dirigido a los trabajadores. Acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de no responder a sus denuncias, teniendo 5 carpetas de investigación sin tramitar.
Afirmó que la persona detenida por el secuestro sea la responsable, ya que las amenazas previas provenían de otras personas. Afirmó que fue llamada a declarar, pero no acudió debido a la falta de información sobre la acusación.
Karina y los familiares de los trabajadores secuestrados pidieron ayuda a la gobernadora Delfina Gómez, revelando que el acoso del crimen organizado a los comerciantes de pollo en el valle de Toluca es insostenible. Detalló que les exigen cuotas equivalentes a 2 pesos por kilo de pollo, llegando a pagar hasta 950 mil pesos quincenales como extorsión.
Ante esta situación, solicitó protección para ella, su familia y las familias de los trabajadores secuestrados a las autoridades estatales. Advirtió que, en caso de algún incidente, los responsables serían Nabor Velázquez, Reyna Ortuño, y los hermanos Martín y Jesús Bernal, este último conocido como El Mayolo, quienes, asegura, son operadores de la FM con los comerciantes de pollo.
Con relación al secuestro de los trabajadores, sus familiares señalaron que no han recibido mensajes ni llamadas para solicitar algún pago a cambio de la libertad de sus seres queridos.