Es una realidad que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa –el 26 de septiembre de 2014– no ha sido resuelta. Luego de ocho años todavía existe información oculta que surge a cuentagotas y que, cada vez más, señala al Estado como partícipe de la desaparición de los estudiantes. Un acontecimiento que por distintas causas ha marcado la historia del país.
Este 19 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, dio a conocer los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. El mandatario afirmó que se trata de un crimen de Estado.
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En abril de 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló la existencia de un video en el que se observa a integrantes de la Marina en el basurero donde –según la versión histórica– fueron incinerados los estudiantes desaparecidos. En el video se aprecia a los integrantes de la corporación cuando llegan en una camioneta, sacan un par de bultos blancos y hacen una hoguera.
Este video, que no formaba parte de la carpeta de investigación, vuelve a poner a las fuerzas armadas de México como involucradas en la desaparición y probable asesinato de los muchachos desaparecidos. No es que la mira social se haya alejado de la milicia, sino que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la promesa de investigar el caso y de castigar a quienquiera que fuera responsable se pensó que podría abrirse una puerta –cerrada desde que se dieron los acontecimientos– hacia la línea de investigación que involucra a los militares.
La verdad histórica
La promesa se había ido desdibujando a lo largo de tres años y se trató del grupo independiente –patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– quien reveló la presencia de una docena de marinos en el basurero un mes después del ataque y la desaparición de los normalistas.
Esta actuación fue registrada por la cámara de un dron de la armada, poco más de dos horas de grabación, que el GIEI consiguió junto con el informe de la visita de los efectivos al sitio.
Ahora, casi un año después, el subsecretario Alejandro Encinas confirmó la coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos e instituciones del Estado mexicano para cometer el crimen.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de Estado”
Alejandro Encinas negó totalmente que los normalistas pertenecieran a Los Rojos, grupo contrario de Guerreros Unidos.
¿De dónde surge la verdad histórica?
La versión histórica configurada durante la presidencia de Enrique Peña nunca ha sido creíble para los familiares, los abogados ni los integrantes del GIEI. A cuentagotas se han hecho descubrimientos que, por aisladas, no aportan a la resolución del caso, está, por ejemplo, la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Rodríguez y Alexander Mora.
Se planteó el 27 de enero de 2015, por Murillo Karam como una exhaustiva, profunda y seria investigación. Por esta situación, renunció a su cargo en febrero del mismo año. Según su verdad, todos los estudiantes fueron quemados en un basurero de Cocula; información sustentada en una espontánea llamada telefónica.
Diferencia entre «la verdad histórica» y la investigación actual
- La nueva investigación afirmó que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México y conmemorar el 2 de octubre; en la verdad histórica se informó que pretendían boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez.
- A diferencia de la información que existía, se afirmó que los estudiantes asegurados por la policía municipal de Iguala abordaban el autobús 1568 y solo ellos fueron trasladados a su comandancia.
- En la primera versión se estipuló que los alumnos fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por policías municipales de Iguala y Cocula y entregados a miembros de Guerreros Unidos; sin embargo, la información establece que solo fueron los alumnos del camión 1568.
- Según Murillo Karam, se realizaron dos «entregas» que constaron de cuatro personas (una de ellas muerta) y las transportaron en una camioneta; posteriormente, se hizo otra de 35 a 40 personas, transportados en una camioneta de tres y media toneladas; versión contrastante con lo expuesto por el informe, que establece que los alumnos del camión 1531 fueron asegurados por la policía de Iguala y transportados a Loma de Coyotes, mientras que los asegurados por la policía de Huitzuco fueron llevados a esa localidad.
- El nuevo informe establece que las órdenes fueron desaparecer a todos los estudiantes porque no sabían quién es quién. «A1 dijo mátalos a todos, iguala es mío».
- Según la versión anterior, se hablaba de una incineración en un basurero de Colula por el grupo criminal guerreros unidos; al creer que pertenecían al contrario grupo Los rojos; las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes; sin embargo, al ser muchos «les metieron machete y los introdujeron en bolsas para que se deshicieran de ellos»; ahora se estableció que se desconoce el método de ejecución de los estudiantes que abordaban el autobús trasladado a Huitzuco; sin embargo, se identificó al sicario Eduardo «N», alias «El Chucky» como el asesino del estudiante Julio Cesar Mondragón. Los operadores de la desaparición de los estudiantes fueron: “El Gil”; “El Negro”; “El Tito”; “El Chino”; “El Pato” Landa y su gente; “El Cholo”; “El Chango”; “La gorda”; “El Duvalín o “Duva”; “El Tony”; “El pollo”; “El Cuca”; “El Feo”; “El Wasako”; “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (cocinero de Guerreros Unidos) y “H1″ mando policial de Huitzuco.
Alejandro Encinas afirmó que la llamada «verdad histórica» construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia; todo esto, con el propósito de evitar una investigación profunda del crimen.