El impuesto, propuesto como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicaría a la venta, descarga y acceso digital de videojuegos clasificados para mayores de edad. Debido a este impuesto, los videojuegos violentos costarán más.
Esto incluye no solo juegos físicos, sino también: Juegos descargables, contenido adicional (DLCs, personajes, niveles), membresías en plataformas como PlayStation, Xbox o Steam.
La propuesta busca gravar de forma directa el consumo de títulos con contenido agresivo, lo que impactará de forma inmediata en los precios también de aquellos videojuegos donde abundan elementos violentos costarian más.
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¿Cuánto subirán los precios?
Ejemplos con base en el cálculo del 8% adicional:
- GTA V: de $500 a $540
- Call of Duty: Black Ops 6 (PC, estándar): de $1,399 a $1,510.92
- Resident Evil Village: de $450 a $486
Por el contrario, videojuegos como Mario Kart 8 Deluxe, que no contienen violencia explícita, no se verán afectados por este impuesto, ya que no entran en los juegos considerados violentos.
¿Qué implicaciones tiene para las plataformas?
El nuevo esquema fiscal representaría un reto administrativo para tiendas y plataformas digitales, ya que deberán: aplicar el impuesto correctamente, emitir comprobantes fiscales con desglose, reportar operaciones ante el SAT
La medida no solo implica más carga fiscal para consumidores, sino también nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras de videojuegos en México. Por tanto, será una medida con la que los videojuegos violentos definitivamente costarán más.
¿Qué sigue para la propuesta?
La iniciativa forma parte del Paquete Económico 2026, que también contempla ajustes en impuestos a tabacos y bebidas azucaradas. La recaudación federal estimada con estas medidas superará los 5 billones 838 mil millones de pesos.
Las fechas clave para su discusión y posible aprobación son:
- Cámara de Diputados: antes del 20 de octubre
- Senado de la República: antes del 31 de octubre
Esta propuesta marca un precedente en la fiscalización de contenidos digitales en México y podría abrir la puerta a nuevas formas de regulación tecnológica y cultural, especialmente respecto a cómo los videojuegos violentos verán sus costos incrementados.
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