Toluca, Estado de México; 27 de junio de 2017. Una filial de la constructora Higa resultó beneficiada por el gobierno del Estado de México cuando el 11 de abril de 2016 realizaron conjuntamente un operativo para construir un tramo carretero de 39 kilómetros correspondientes a la autopista Toluca-Naucalpan, a pesar de conocer que la tierra estaba bajo defensa de comunidades indígenas.
Jueces y magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo de Toluca han resuelto que el fallo de suspensión definitiva, emitido por instancias federales, fue, en efecto, ignorado para permitir que Autopistas de Vanguardia, dependiente de la constructora Higa, propiedad de Juan José Hinojosa, procediera a ejecutar las obras de la carretera. La determinación del tribunal fue de carácter inapelable.
Al respecto, el tribunal comunicó que "si bien es cierto que la suspensión concedida no tenía como efecto paralizar las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, también lo es que no se cumplió con el efecto consistente en proteger y preservar las prácticas ceremoniales, sociales y culturales que se llevan a cabo en el territorio, que ancestralmente ha ocupado la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en Lerma".
Foto: Aristegui noticias
La empresa de construcción ha sido objeto de polémicas y severas críticas durante el actual sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, quienes protagonizaron el escándalo de la “Casa Blanca” y cuyas consecuencias produjeron la cancelación del proyecto del Tren México-Querétaro, el descubrimiento de otra millonaria propiedad adjudicada a Hinojosa con intervención del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, responsable de investigar esas adquisiciones.
Autopistas de Vanguardia adquirió la licitación para la obra de la autopista Toluca-Naucalpan en 2007, mientras el período de Peña Nieto al frente del gobierno mexiquense. La concesión de la obra estuvo valorada en 7 mil 400 millones de pesos y también obtiuvo financiamiento de Banobras por 2 mil 775 millones más. Entre las autoridades que incurrieron en la violación del fallo de la corte se enlistan al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares y a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; sin embargo, es responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) deslindar responsabilidades.
En este momento, el tribunal espera la intervención se la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar ya la cancelación del proceso de concesión y construcción del proyecto, que en este momento se reporta un 80 por ciento de avance, el cambio de ruta o la indemnización de la comunidad otomí en San Francisco Xochicuautla.