Las violaciones a los derechos humanos son frecuentes y de manera sistemática en contra de la sociedad mexicana y mexiquense, por supuesto, los administradores en turno de las instancias gubernativas del país y de la entidad, son los autores de los actos ilegales que se cometen contra la gente, al no observar lo que les mandata la ley.
Recordemos que por el hecho de haber ejercido el derecho constitucional de asociación, se violentaron los derechos humanos de los fundadores del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México en dos mil siete y se siguen violentando a la fecha.
Lo anterior consta en la recomendación 45/2008, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, entre las partes que interesan destacan las determinaciones realizadas en las observaciones al tenor siguiente:
“Al analizar los documentos, declaraciones y demás constancias reunidas de la investigación de los hechos de queja, esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México pudo inferir actos y omisiones atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad, que vulneraron los derechos fundamentales de audiencia, defensa y legalidad en perjuicio de los profesores agraviados en este asunto, circunstancias por las cuales este Organismo se permite formular a esa dependencia las siguientes observaciones:
a) Las instituciones, en un estado de derecho como el nuestro, tienen la ineludible obligación de someter su actuación a lo prescrito por la ley, esto es, que los actos que se lleven a cabo, de cualquiera naturaleza, debe ceñirse escrupulosamente a lo dispuesto por la norma jurídica que les rige. Lo anterior tiene consecuencias de importancia en nuestro régimen de gobierno, una de estas, consiste precisamente, en que las autoridades y los servidores públicos sean los primeros obligados legal y éticamente, en respetar cualquier ordenamiento jurídico, con independencia de su materia, porque finalmente una de sus obligaciones originarias estriba precisamente en respetar y hacer respetar la ley.”
Lo que no acató, ni atiende la Secretaría de Educación Estatal, porque no es entendible que retengan el salario de los trabajadores, colocando en riesgo su subsistencia, por el simple capricho de su titular, quien carece de fundamento legal alguno para violar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el solo propósito de intimidar a los docentes.
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