Ahora más que nunca, la población tiene la urgente necesidad de conocer la ley, lo que no ocurre hasta el momento, quedando claro que la escuela pública no ha sido suficiente para conceptualizar en sus egresados una vida en la legalidad.
Un ejemplo claro hace referencia a los hechos del Politécnico Nacional, acontecidos entre la marcha del 30 de septiembre para exigir la suspensión definitiva de planes reformados en perjuicio de sus carreras y un nuevo reglamento interior, entre otros y la respuesta brindada el 3 de octubre a las tres de la tarde, dada a conocer por el secretario de gobernación del país.
Llama la atención un punto del pliego petitorio, el referente a la renuncia de la directora general, que no fue presentada ente el titular de la Secretaría de Educación Pública según la información difundida y el anuncio de su separación, realizada por el secretario de gobernación, dejando de lado a la instancia educativa, que fue omisa en cumplir con sus obligaciones legales.
En un hecho de la misma naturaleza, la renuncia del secretario general del Politécnico, anunciada el sábado, si fue tramitada ante el titular de la Secretaría de Educación federal, quien hizo el anuncio a través de un comunicado el pasado sábado cuatro de octubre, dejando a la institución sin directivos con facultades de toma de decisiones hasta el momento.
Lo acontecido no es menor, la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se configura a todas luces, ley de donde se desprende el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, que es claro en señalar las facultades que tiene dicha instancia gubernativa y desde el ámbito de esas atribuciones que le confieren la normatividad, es a quien debió corresponder la resolución del conflicto y no a los actores participantes conocidos por todos al día de hoy.
En otro orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública queda debilitada, sobre todo cuando por probable complacencia, no emitió postura alguna respecto a lo acontecido en el Instituto Politécnico Nacional, permitiendo injerencias de otras instancias que no tienen a su cargo el asunto educativo del país, así de graves fueron los hechos anunciados hasta por televisión.
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