El Estado de México destina más de 170 mil millones de pesos a políticas públicas con perspectiva de género. Sin embargo, en municipios del noroeste de la entidad donde existe Alerta de Violencia de Género, especialistas y activistas advierten que el problema no se limita al presupuesto: la violencia contra las mujeres continúa enfrentándose a instituciones que no siempre saben cómo actuar cuando una víctima pide ayuda, lo que deriva en procesos de revictimización desde el primer contacto con las autoridades.
En municipios como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, organizaciones civiles y especialistas señalan que la atención institucional enfrenta problemas estructurales que van desde falta de personal capacitado hasta servicios concentrados en pocos puntos del territorio, lo que obliga a las víctimas a realizar traslados largos para acceder a apoyo jurídico o psicológico.
Violencia estructural y obstáculos para acceder a la justicia
Para la abogada Ana Karen Flores, especialista en temas de género con trabajo en Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, las Alertas de Violencia de Género han permitido visibilizar los municipios donde la violencia se ha intensificado, pero también han expuesto limitaciones en la capacidad institucional para atenderla.
De acuerdo con la litigante, el acceso a la justicia puede convertirse en un proceso complejo para las víctimas. La falta de personal especializado y de insumos en las instituciones obliga en algunos casos a recurrir a peritajes privados, lo que representa un costo adicional para quienes buscan iniciar un proceso legal.
A ello se suma el diseño centralizado de algunos servicios. El Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, concentra la atención de mujeres provenientes de varios municipios, lo que implica traslados por zonas industriales o poco transitadas para poder presentar una denuncia o dar seguimiento a sus casos.
Flores también advierte que las instituciones enfrentan dificultades para atender modalidades recientes de violencia. En casos de violencia química o sumisión mediante fármacos, señala, las autoridades no siempre cuentan con personal médico especializado ni con recursos suficientes para documentar adecuadamente los hechos y avanzar en su judicialización.
Espacio público y respuesta institucional
La inseguridad en el espacio público también forma parte del contexto que enfrentan las mujeres en la región. La falta de iluminación en calles, corredores industriales y zonas de tránsito cotidiano incrementa los riesgos durante los traslados diarios.
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En ese escenario, señala la especialista, las víctimas se enfrentan a una paradoja: mientras deben desplazarse por entornos inseguros, la legislación limita el uso de ciertos artículos de defensa personal al considerar posibles excesos en la legítima defensa.
La Policía de Género municipal, aunque interviene en situaciones de emergencia, tampoco siempre garantiza un seguimiento adecuado a los casos. Según Flores, en ocasiones el acompañamiento institucional se limita a la atención inmediata sin considerar el ciclo de la violencia, lo que puede derivar en nuevas formas de revictimización.
Especialistas y organizaciones coinciden en que el desafío no se limita a la asignación de recursos, sino a su implementación efectiva en el ámbito municipal.
Activismo denuncia desconocimiento de protocolos
Desde la sociedad civil, organizaciones que acompañan casos de violencia señalan problemas similares. Marlen Rojas, presidenta de la organización Mujeres Previniendo la Violencia de Género, afirma que una de las principales barreras es el desconocimiento de los protocolos de atención dentro de las propias instituciones.
De acuerdo con los registros de la red, alrededor del 60% del personal municipal no conoce los procedimientos establecidos para atender casos de violencia de género, lo que genera confusión en la atención y múltiples canalizaciones que obligan a las víctimas a repetir sus testimonios.
La activista también cuestiona el funcionamiento de herramientas tecnológicas utilizadas para la prevención del delito, como cámaras de seguridad o botones de pánico, que en algunos casos —según afirma— no han podido aportar evidencia cuando las víctimas solicitan apoyo tras incidentes o desapariciones.
Entre las demandas del colectivo se encuentra que los recursos públicos destinados a políticas de género se traduzcan en apoyos directos y mecanismos de protección efectivos, que permitan a las víctimas contar con alternativas para salir de entornos de violencia.
Recursos públicos y debate en torno al 8M
De acuerdo con el presupuesto estatal para 2026, la Secretaría de las Mujeres contará con 866.3 millones de pesos, además de 260 millones destinados a municipios con Alerta de Violencia de Género.
Especialistas y organizaciones coinciden en que el desafío no se limita a la asignación de recursos, sino a su implementación efectiva en el ámbito municipal.
En ese contexto, la conmemoración del 8 de marzo vuelve a colocar en la discusión pública la distancia entre los presupuestos destinados a políticas de género y la capacidad institucional para traducirlos en mecanismos de protección y atención efectivos para las mujeres.
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