El Congreso del Estado de México aprobó reformas para combatir la violencia digital, con el objetivo de proteger a las víctimas y garantizar que el contenido íntimo difundido sin consentimiento pueda ser eliminado de internet de forma inmediata.
Con esta modificación, el Ministerio Público y jueces podrán ordenar medidas de protección urgentes, entre ellas la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos relacionados con casos de violencia digital, cuando formen parte de una investigación.
Qué se considera violencia digital
El documento aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia define la violencia digital como cualquier acción realizada mediante tecnologías de la información y comunicación en la que se difundan o compartan imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona involucrada.

Esto incluye acciones como:
- Difundir contenido íntimo sin autorización
- Exhibir o compartir material privado en redes sociales
- Comercializar o intercambiar imágenes o videos de carácter sexual
- Transmitir o distribuir material que afecte la dignidad o privacidad de una persona
Las autoridades señalaron que estas conductas pueden provocar daño psicológico, emocional o afectar la vida privada y la imagen de las víctimas, especialmente de mujeres.
Órdenes judiciales para retirar contenido
Las reformas establecen que, cuando exista una denuncia, el Ministerio Público o un juez podrá emitir una orden para eliminar el contenido digital, la cual deberá ser enviada a:
- plataformas digitales
- redes sociales
- medios de comunicación
- páginas de internet
- personas físicas o morales responsables del contenido

Una vez recibida la orden judicial, las plataformas deberán bloquear o eliminar el material vinculado con la investigación y notificar al usuario que lo publicó que su cuenta o contenido será inhabilitado por disposición legal.
Además, las autoridades deberán identificar al proveedor del servicio digital donde se encuentre alojado el contenido y solicitar el resguardo y conservación de la evidencia para continuar con el proceso legal.
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