En Metepec, la violencia parece existir solo cuando deja de poder explicarse. Mientras tanto, el gobierno municipal ha construido una narrativa cómoda y reiterada: los hechos violentos no son inseguridad, sino “riñas”, “deudas” o “problemas entre particulares”. La fórmula no es inocente. Sirve para deslindar responsabilidades y preservar una imagen de normalidad que los hechos desmienten.
Durante los últimos doce meses, al menos nueve episodios violentos documentados por AD Noticias han sido presentados oficialmente bajo ese encuadre, aun cuando ocurrieron en vía pública, con armas de fuego y con riesgo directo para la población. La explicación siempre llega rápido; la rendición de cuentas, nunca.
El patrón es reconocible. Tras cada agresión, el discurso oficial reduce el hecho al ámbito privado. Con ello, el debate público se desplaza: deja de discutirse la prevención del delito, el patrullaje, la inteligencia policial o la eficacia del mando, y se coloca el foco en la conducta individual de quienes participaron. Así, la violencia se explica, pero no se asume.
La ley, sin embargo, no admite este tipo de atajos narrativos. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del municipio y que la policía preventiva está bajo el mando directo del presidente municipal. La legislación no distingue si la agresión tuvo origen en una deuda, una riña o un conflicto personal; distingue el impacto en el orden público y la obligación del Estado de prevenirlo y contenerlo.
Reducir una agresión armada en la calle a un “asunto entre particulares” no es una interpretación jurídica válida. Es una estrategia discursiva. Minimiza el hecho, diluye la responsabilidad institucional y normaliza la violencia como algo ajeno al gobierno local.
El primer responsable político de la seguridad municipal es el alcalde Fernando Flores Fernández. El comisario de Seguridad Pública es el responsable operativo. Ambos están obligados no solo a explicar lo ocurrido, sino a rendir cuentas sobre qué falló, qué se corrigió y qué resultados hubo. Cuando la respuesta se limita a deslindarse, la violencia no desaparece: se administra retóricamente.
En Metepec, la inseguridad no es un problema “entre particulares”. Es un problema público tratado con un discurso que evade responsabilidades. Mientras la explicación sustituya a la acción y la narrativa reemplace a la rendición de cuentas, la violencia seguirá ocurriendo sin responsables visibles. Y eso, más que una falla de comunicación, es una falla de gobierno.
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