Las comparaciones siempre son odiosas, pero hay muchas inevitables para ilustrar un cambio. Entre Violeta Huerta y Alfredo Medellín hay un mar de distancia. Ella es una profesional que conoce en profundidad al Poder Legislativo del Estado de México. Él, un neófito engreído sin mayor mérito que tener algún amigo con poder transitorio.
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Las expectativas sobre el desempeño de Daniel Sibaja en la Secretaría de Movilidad eran optimistas, pero en solo un año de gestión él mismo se ha encargado de enterrarlas. Sus resultados son francamente mediocres, no ha podido ni poner en orden a los camioneros en Toluca. En su defensa, tal vez pueda alegarse que estaba un tanto distraído porque el amor le pegó con fuerza. Ahora que ya está casado, quizá pueda dedicar más atención y tiempo a su encargo público.
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A otro que le sobra capacidad, pero tampoco ha alcanzado la nota, es al maestro Bernardo Barranco, que no ha podido mejorar los niveles de audiencia del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Las cifras actuales son muy parecidas a las que recibió. Eso sí, hay que reconocerle la apertura y democratización de la televisión pública estatal.
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El primer reto de la ginecocracia que gobierna al IEEM será muy probablemente organizar la elección de jueces y magistrados y del Poder Judicial del Estado de México el próximo año. El proceso podría reservarse para 2027, pero sería un auténtico galimatías empatarla con la elección de diputados y alcaldes. Lo interesante será saber cuánto costará el proceso en el estado con el mayor padrón de electores del país y de dónde saldrá el dinero.
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Muy hábilmente, el magistrado Héctor Macedo, quien por cierto goza de buena reputación, ha logrado construir la percepción de aspirante fuerte —el más fuerte, diría él— para suceder en el cargo a Ricardo Sodi y encabezar el año entrante el proceso de transición del Poder Judicial del Estado de México. Su cercanía al subsecretario de Justicia, José Castillo Ambriz, le ha sido muy redituable, al menos hasta ahora.
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