¿Es posible el voto universal en la UAEMéx? Un experto traza la ruta legal

La UAEMéx se encuentra ante un dilema de fondo: transformar su sistema de representación respetando el orden jurídico. El reto no es solo jurídico, sino político e institucional: conciliar autonomía con legalidad, y urgencia social con tiempos legislativos
mayo 28, 2025

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) vive una crisis institucional; la elección de la próxima rectora está suspendida, y diversos planteles permanecen tomados por estudiantes que exigen transformaciones profundas; en el centro del debate está una petición clara: implementar el voto universal para elegir a la máxima autoridad universitaria.

Aunque legítima en su motivación democrática, esta exigencia no es legalmente viable en el actual proceso electoral. “En este momento no podemos hablar de un voto universal en la UAEMéx, porque la misma legislación universitaria no lo contempla”, afirma el abogado Valdemar Mercado en entrevista para AD Noticias.

¿Quién elige actualmente al rector o rectora?

La UAEMéx no elige a su rector o rectora por votación directa de toda la comunidad. Esta función corresponde al Consejo Universitario, la máxima autoridad colegiada de la institución. Sus integrantes son representantes electos de los sectores académico, estudiantil y administrativo, designados en sus respectivos espacios universitarios (facultades, centros y unidades académicas).

Este esquema busca garantizar la representatividad de los distintos sectores, pero no implica una participación directa del grueso de la comunidad en la elección de la rectoría, lo cual ha sido cuestionado en las actuales movilizaciones.

Leer más en: Reponer el proceso o no hay trato

¿Qué es el voto universal y por qué no se aplica?

El voto universal, según los principios del derecho electoral, debe ser “secreto, directo, personal, libre e intransferible”, explica Mercado. En ese sentido, cada integrante de la comunidad universitaria debería tener derecho a emitir un sufragio con el mismo valor.

Sin embargo, su aplicación dentro de la UAEMéx presenta serios desafíos estructurales. Con una matrícula estudiantil cercana a los 100 mil alumnos, sus votos superarían ampliamente a los del personal académico y administrativo juntos. Por eso, señala el abogado, en procesos como la elección de directores de plantel se emplea un sistema sectorial, donde los votos se ponderan por sector para evitar una sobrerrepresentación.

“Todo mundo tiene derecho a votar, pero también un voto debe tener el mismo valor que cualquier otro. En este caso es imposible hacerlo como en una elección de Estado”, aclara.

¿Se puede modificar la ley universitaria para permitir el voto universal?

Sí, pero la universidad no puede hacerlo por sí sola. La Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente desde 1992 y modificada por última vez en 2003, es una ley estatal. Por tanto, su modificación es competencia exclusiva del Poder Legislativo del Estado de México.

“El Consejo Universitario puede modificar estatutos y reglamentos, pero no tiene facultad para reformar la ley”, subraya Mercado. “Hay una jerarquía normativa: primero está la ey de la universidad, y luego los estatutos. Si no se modifica la ley, ninguna reforma estatutaria es válida”.

¿Quién puede iniciar la reforma y cómo se modifica la ley?

El proceso legislativo para reformar la ley universitaria está claramente definido. Según la Constitución del Estado de México, pueden presentar iniciativas:

  • La gobernadora del Estado,
  • Las diputadas y diputados locales,
  • El Tribunal Superior de Justicia,
  • Los ayuntamientos,
  • La Comisión de Derechos Humanos,
  • La Fiscalía General de Justicia,
  • Y los ciudadanos del Estado, bajo requisitos específicos.

Una vez presentada, la iniciativa debe ser turnada a la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, donde se discute, dictamina y, si procede, se aprueba en el pleno. Posteriormente, se remite al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación. Esto incluye las etapas de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia”, detalla el abogado.

Edificio de Rectoría de la UAEMéx. / Foto: Especial

¿Qué pasaría si todas las candidatas renuncian?

Una de las salidas planteadas al bloqueo actual es que todas las candidatas a la rectoría declinen su participación, lo que llevaría a declarar desierta la convocatoria. En ese caso, se nombraría una autoridad interina y se emitiría una nueva convocatoria electoral.

Este escenario permitiría reiniciar el proceso con una nueva legislación, en caso de que se apruebe la reforma. “Ya concluido este proceso, ahora sí podemos hacer la modificación a toda la legislación que tenga injerencia en la elección”, explica Mercado. Sin embargo, recalca que eso no puede hacerse dentro del actual proceso, ya que violaría el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

¿Y cuánto tardaría la reforma?

Aquí entra otro elemento crucial: el tiempo legislativo. La Cámara de Diputados del Estado de México inicia su segundo periodo ordinario en septiembre, y aunque las comisiones pueden trabajar fuera de ese calendario, la discusión formal debe darse en periodo ordinario.

Estaríamos hablando de septiembre, octubre, diciembre o incluso enero del próximo año, si todo fluye con rapidez”, advierte Mercado. Pero también señala que, aunque para la comunidad universitaria el tema es prioritario, la agenda legislativa puede tener otros temas urgentes, lo cual introduce un margen de incertidumbre.

Sesión del Congreso del Edomex. / Foto: Especial

Legalidad, diálogo y reforma estructural

La demanda estudiantil de la UAEMéx por el voto universal expresa una necesidad legítima de democratización universitaria. Pero, como deja claro la entrevista, su implementación exige una reforma legal profunda, fuera del alcance inmediato de la universidad.

Dependemos de los diputados para reformar la ley de la universidad”, concluye Mercado. Mientras tanto, cualquier intento de establecer el voto universal dentro del proceso vigente carecería de validez legal.

La UAEMéx se encuentra ante un dilema de fondo: transformar su sistema de representación respetando el orden jurídico. El reto no es solo jurídico, sino político e institucional: conciliar autonomía con legalidad, y urgencia social con tiempos legislativos.

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