Y la SEP estatal como si nada

La Secretaría de Educación estatal, no manifiesta ninguna reacción ante la asignación irregular de plazas, que se han hecho públicas en entregas recientes,  incluso se ha negado a recibir las copias de los formatos únicos de movimiento de personal (FUM), que hacen prueba fehaciente de la asignación contrario a derecho de plazas preferenciales a personajes […]

La Secretaría de Educación estatal, no manifiesta ninguna reacción ante la asignación irregular de plazas, que se han hecho públicas en entregas recientes,  incluso se ha negado a recibir las copias de los formatos únicos de movimiento de personal (FUM), que hacen prueba fehaciente de la asignación contrario a derecho de plazas preferenciales a personajes sin la preparación, ni el perfil para ocupar espacios de investigador educativo o supervisor escolar, con salarios mensuales de $ 35,737.00 y $ 36,211.20 respectivamente, acorde al tabulador vigente.

Cabe mencionar que se ha solicitado por los canales institucionales una audiencia con la titular de la dependencia, sin embargo el personal encargado de agendar estas reuniones, han sido omisas en atender la petición; el abuso de quienes tienen a su cargo la asignación de estas plazas, deja ante la opinión pública la imagen de una instancia educativa que probablemente solapa estas conductas del personal de confianza en estas responsabilidades.

El tema no es menor, el fondo del asunto puede tener como base la venta de plazas, corrupción e impunidad, supuesto favoritismos políticos que dañan a la propia administración pública en materia educativa, violentando derechos garantizados de los trabajadores al no considerarlos en asensos escalafonario, sin aplicar legalmente ningún servicio profesional que puede llamarse burocrático, quedando todo en manos de funcionarios menores de tercer rango para la asignación discrecional de las multicitadas plazas preferenciales, alejados del estado de derecho, afectando gravemente el presupuesto educativo, al asignar indiscriminadamente estos lugares destinados para las escuelas, ocupados ahora  en funciones en las oficinas centrales, en tareas de irracionalidad burocrática que nada aportan a la escuela pública.

Concatenado a lo anterior, en nueva información recibida el 21 de agosto del año en curso, surgen más voces desde el interior de la propia Secretaría de Educación, otra vez con datos de la Delegación Administrativa de Educación Básica y Normal, resaltando rasgos ya informados respecto a malos manejos administrativos  y abusos en el reparto de plazas a favor de familiares de primer rango (esposos, hermanos, padres e hijos), agregando supuesta entrega de un “diezmo o dadivas” en una sola exhibición o por muchas quincenas como agradecimiento al favor recibido, constituyéndose en probable pago para una promoción de manera definitiva o bien en espera de una basificación anhelada desde la ilegalidad, de resultar cierta la denuncia pública como parece ser, deja a la titular del ramo educativo en tela de juicio, sobre todo ante el silencio que mantiene y la negativa para recibir la información veraz que constituye cada formato FUM  que formaliza la plaza y el pago al ilegal beneficiario, como se asegura en el nuevo texto y a manera de ejemplo los siguientes párrafos:

“Génesis Astrid Suárez Vargas, ingresó cubriendo un interinato de doble plaza de profesor titulado y recibió una promoción a pedagogo “A”, cabe mencionar que le dieron la plaza de pedagogo “A” que Javier García dejó cuando tomó la plaza interina de supervisor en Ixtapan de la Sal, también pertenece al grupo Tenancingo, ingreso en junio de 2016. No presentó examen de oposición como todos los demás”.

La plaza de pedagogo “A” tiene un sueldo de $ 28,524.20 y los movimiento realizados a favor de esta persona constan en los FUM de folios 705007122 de fecha 14 de febrero de 2017 y 705007361 de fecha 12 de mayo de 2017, en el primer folio le asignan un interinato del 16 de febrero al 15 de mayo del presente año y en el segundo del 16 de mayo al 15 de agosto, probablemente ya exista un nuevo movimiento a su favor, mientras en las escuelas no llegan las plazas y hay alumnos sin maestros.

Así mismo se señala que “Monserrat Bustos, ingreso con doble plaza de profesor titulado, también amiga de Javier García, de grupo Tenancingo, su novio de nombre Cesar, también laboraba en la delegación administrativa, como conocido a pariente del contador Sierra, el joven recibe su cambio de adscripción a Tenancingo, ambos ingresan sin presentar examen de oposición”.

El nombre completo acorde a los FUM de folios 705007125 de fecha 14 de febrero de 2017, 705007157 de fecha 15 de febrero de 2017, 705007362 de fecha 12 de mayo de 2017 y 705007372 de fecha 16 de mayo de 2017 es Monserrat Valdez Bustos y por la cantidad de movimientos es innegable que sea beneficiaria del grupo mencionado.

Continua el texto, ahora al tenor siguiente: “También están Alan Adrián (primo hermano de Javier García), Antonio Cortez y Gema (amigos de Javier García) de los cuales desconozco sus datos generales, ingresan también sin presentar examen de oposición, sin grado de estudios terminado…de grupo Tenancingo, con plaza docente de horas clase… su sueldo oscila entre los 10 mil y los 13 mil pesos mensuales, también se creé que ellos otorgan quincenalmente un diezmo a Javier García”.

El folio FUM de Alan Adrián García Estrada corresponde al 605437578 de fecha 16 de febrero de 2016, efectivamente en el apartado de escolaridad únicamente aparece “OTRA EDU SUP”,  asignado a la oficina de clave E300010324.

Ante estas evidencias la instancia educativa está obligada a emitir un pronunciamiento, no hacerlo significaría una ilegalidad y una violación flagrante a la Ley del Servicio Profesional Docente, sobre todo cuando su propia gente señala:

“no es justo que aún hoy 17 de agosto, el contador Sierra esté viendo la manera de seguir ayudando a toda su gente, no es justo que Elizabeth Vilchis, titular de la Secretaría se haga la ciega y haga caso omiso de las demandas de justicia… no es justo que todos los implicados queden sin sanción por las faltas cometidas, abusos de autoridad, actos de nepotismo, violencia laboral…”.

De nueva cuenta, ponemos a disposición de la titular de la Secretaría de Educación la documental que soporta las notas publicadas, solicitando una actuación en términos de ley, para bien de la propia instancia gubernativa a su cargo.