El pleno del Congreso del Estado de México aprobó incluir en el Código Penal de la entidad el delito de pederastia para castigar hasta con 18 años de prisión a quienes valiéndose de su relación, parentesco, confianza, subordinación o superioridad abusen de menores de edad.
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Con esto, la legislación mexiquense será la novena en contemplar ese tipo penal, junto con Baja California, Chiapas, Tabasco, Colima, Durango, Guerrero, Querétaro y Veracruz, propiciando que los menores no callen y esa conducta se reduzca.
Ahora solo falta que el Ejecutivo estatal publique el decreto en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor y se pueda castigar a quien cometa actos sexuales en contra de personas menores de 14 años de edad.
La diputada Araceli Salazar indicó que en los últimos 10 años, el Episcopado reconoció más de 400 casos de pederastia clerical, de los cuales 176 están en proceso y 259 fueron concretados; aunque hay cifras más alarmantes, pues entre 33 naciones de la OCDE México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra menores de 14 años.
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El dictamen fue aprobado por unanimidad, luego que se integraron las iniciativas de la diputada Lorena Marín Moreno, del PRI y de las perredistas Claudia González Cerón y Araceli Casasola Salazar, así como del diputado Omar Ortega Álvarez de esa bancada.
En la norma se considera como agravante el uso de violencia, de tal forma que las penas podrían aumentar hasta en una mitad y llegar a 27 años y si el delito es cometido por una persona servidora pública, además de ser privada de su libertad, será inhabilitada, destituida o suspendida de su empleo público o profesión.
Las personas que resulten responsables deberán recibir tratamiento médico integral para que no vuelvan a incurrir en esa práctica que afecta el desarrollo de las y los menores abusados en diversos ámbitos, pero sobre todo en el familiar, donde se suele guardar más silencio.
En la legislación actual estas conductas se castigaban como violación, estupro alguna otra figura legal, pero con esto se da una figura y sanción específica.
Buscan ahorros de casi 129 mdp
El pleno legislativo avaló el dictamen que reforma los artículos 361 y 375 del Código Electoral, donde el diputado Gerardo Ulloa de Morena propuso que las juntas distritales y municipales electorales cierren cuando ya no existan asuntos pendientes, antes de que concluya el proceso electoral, lo cual legalmente sucede hasta que se resuelve el último recurso, que en la práctica podría ser el 31 de diciembre.
Con este ajuste a la ley, el Consejo General del IEEM podrá determinar la fecha de cierre de los órganos desconcentrados, cuando ya no tengan asuntos en los tribunales, con el fin de no seguir pagando renta, salarios, insumos y gastos de operación, dándoles posibilidad de integrar la paquetería electoral en las bodegas del IEEM, mientras los órganos jurisdiccionales les solicitan las boletas o actas de escrutinio e incidentes para resolver las impugnaciones.
En este proceso, esto significaría cerca de 129 millones de pesos de ahorro en seis meses, pero además tendría impacto en los siguientes procesos electorales .
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