Hace tres meses lanzamos, en este mismo espacio, una pregunta: ¿Hay espacio en la prisión para los miles de detenidos que ha arrojado la estrategia del gobierno de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad? La interrogante surgía porque, para aquella fecha ya se había anunciado la detención de 18 mil 700 personas en seis meses del nuevo gobierno. Transcurrido otro trimestre, la cifra ya se elevó a “25 mil 255 detenidos por delitos de alto impacto”, según el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahora hay que agregar un dato: el INEGI dice que desde el año pasado ya había, en promedio, 102.9 internos por cada 100 espacios disponibles en todo el sistema penitenciario.
En efecto, el pasado jueves el INEGI hizo públicos los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal. De acuerdo con ellos, en todo el país hay una capacidad instalada para 230 mil 168 personas, sumando tanto los penales federales, como los estatales y los centros destinados a los menores de edad. El problema es que desde finales de 2023 el número de personas que permanecen privadas de su libertad es de 233 mil 173. Sí, ya estaba excedida desde entonces la capacidad instalada.
Dados los datos anteriores, todos los detenidos que han anunciado en los últimos meses, ya no tendrían lugar. El déficil de espacios ya rebasaría los 30 mil (y contando). Los datos confirmados de manera reciente por los Censos ya referidos, indicarían que los penales federales aún contaban con espacio, pues su taza de ocupación rondaba 70% cuando se efectuó la medición. Ha pasado, casi un año de entonces para acá y recordemos las decenas de miles de detenidos que ha venido anunciado el Gabinete de Seguridad. ¿A dónde se les podrá ingresar?
¿Qué se va a hacer con este problema? Y es que en casos como el del Estado de México la tenencia es alarmante. Asegura el INEGI que es la entidad federal con mayor sobrepoblación penitenciaria: 238.8 internos por cada 100 espacios. Sí, imagine usted, una celda diseñada para dos personas pero en la que tengan que vivir 4 o 5; o una diseñada para 4 pero en la que tengan que estar 10. De ese tamaño es el problema.
Ahora que conocemos los resultados de estos Censos, se confirma que la causa penal por la que un mayor porcentaje de personas está en la cárcel es el robo, seguido por delitos contra la salud. En ambos casos, tanto en hombres como mujeres es el tipo de conducta delictiva más recurrente. Son marginales los porcentajes atribuidos a delitos como homicidio, secuestro o lesiones.
Por otro lado, el rezago en la procuración de justicia es notable, pues hasta 36% de quienes están privados de su libertad en estos centros, no ha recibido sentencia. Podrían ser inocentes y siguen presos; o podrían ser culpables y las víctimas se mantienen sin acceso a la justicia. Hasta 46% de las mujeres presas se encuentran en esa condición límbica, en tanto que en el caso de los varones el porcentaje de lo que están presos sin sentencia es de 35%.
Se advierte, pues, que es un problema el que resulte exitosa la estrategia en materia de seguridad pública, porque no hay espacio suficiente para mantener tras las rejas a quienes son detenidos por generar violencia, por trastocar la tranquilidad de la población o por atentar contra los derechos de miles de personas, sea en forma de extorsión, violencia, homicidios o daños patrimoniales. Por paradógico que resulte, el estar teniendo tendencias a la baja en casi todos los delitos está peligrosamente en riesgo de convertirse en otro problema, el de tener prisiones sobrepobladas, con riesgo de motines, violencia, corrupción, violación a derechos humanos, etc.
No se olvide que el modelo de nuestros centros penitenciarios está basado en la re-inserción social; es decir, aún se mantiene la apuesta de que la gente presa, una vez que compurgue su pena, se puede reintegrar al cuerpo social, pero ya sin el riesgo de volver a delinquir. Al menos ese es el modelo, pero para que pueda funcionar tal como fue diseñado se requeriría que en en los Centros operara un sistema de “tratamiento”, en el que un equipo multidisciplinario procurara que los reclusos estudiaran, trabajaran, recibieran asesoría, orientación, atención psicológica, etc. Con centros sobrepoblados, el modelo empieza a dejar de funcionar. El hacinamiento deriva en violencia, autogobierno, corrupción, y un sinfín de problemas que deforman el modelo.
Bueno y ¿qué se va a hacer?, ¿construir mas centros?, ¿agilizar los procesos? ¿comutar las penas?, ¿reorientar el modelo? No lo sé, pero algo se tendrá que hacer y pronto.
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