Durante 153 días, la banqueta frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dejó de ser un lugar de paso.
Se convirtió en dormitorio, comedor, sala de reuniones, oficina jurídica y, sobre todo, en el símbolo de una protesta que buscó poner rostro a quienes, según sus familias, permanecen encarcelados injustamente.
Este lunes, las lonas fueron desmontadas. Las casas de campaña desaparecieron. Las mesas improvisadas quedaron vacías.
Pero, según sus protagonistas, la lucha no terminó.
“Nos vamos de ahí, pero nos vamos a luchar”, resumió María García Montoya, vocera del colectivo Haz Valer Mi Libertad, al anunciar el retiro del plantón instalado desde hace cinco meses frente a la Fiscalía mexiquense.
El campamento nació para exigir la revisión de expedientes de personas que las familias consideran injustamente privadas de la libertad. Hoy el colectivo acompaña 19 casos, la mayoría relacionados con acusaciones por homicidio, secuestro y extorsión, cuyos expedientes, aseguran, fueron revisados previamente por su equipo jurídico antes de integrarlos al movimiento.
Una protesta que cambió de etapa
La decisión de levantar el plantón no significa, afirman, un desistimiento.
Por el contrario, representa el paso de una protesta permanente en la calle a una estrategia centrada en la negociación institucional y la defensa jurídica.
Durante los 153 días de campamento, los integrantes del colectivo nunca fueron recibidos por el fiscal general José Luis Cervantes Martínez. Sin embargo, lograron instalar mesas de trabajo con el vicefiscal general Martín Marín Colín, un acercamiento que, sostienen, fue posible después de acudir a la Secretaría de Gobernación federal, desde donde se solicitó a las fiscalías estatales atender a colectivos de familiares de personas privadas de la libertad.
La justicia que llega despacio
El colectivo reconoce algunos avances.
Tres de los expedientes que acompaña se encuentran dentro del procedimiento de amnistía y, de acuerdo con sus representantes, ya se han registrado algunas liberaciones.
Pero consideran que el ritmo sigue siendo insuficiente.
“Sí hemos visto libertades, pero son muy pausadas. Para quienes están presos, un día es muy valioso”, expresó Martha Aldama, enlace del colectivo con el Gobierno federal.
La frase resume la percepción de las familias: cuando una persona permanece privada de la libertad, cada día de espera también representa una forma de castigo.
De protesta local a movimiento nacional
Los 153 días frente a la Fiscalía también transformaron al colectivo.
Haz Valer Mi Libertad dejó de ser únicamente una organización mexiquense para integrarse a la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, una articulación que reúne colectivos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz, Baja California, Yucatán, Durango, Hidalgo y otras entidades con demandas relacionadas con personas privadas de la libertad, desapariciones, desplazamientos forzados y conflictos por la tierra.
Como parte de esta nueva etapa, preparan foros regionales y una movilización nacional prevista para octubre.
Una exigencia que permanece
Mientras desmontaban el campamento, los integrantes del colectivo insistían en una idea.
No regresan a casa porque sus casos hayan sido resueltos.
Regresan porque consideran que la lucha entró en una nueva fase.
Las casas de campaña desaparecieron.
Los expedientes permanecen abiertos.
Y las familias advierten que seguirán exigiendo justicia hasta que los 19 casos que acompañan tengan una resolución definitiva.
CLAVES AD
- El movimiento ahora forma parte de una articulación nacional de colectivos.
- El plantón permaneció 153 días frente a la FGJEM.
- El colectivo acompaña 19 casos de personas que considera injustamente privadas de la libertad.
- Durante cinco meses no fueron recibidos por el fiscal general.
- Lograron instalar mesas de trabajo con la Vicefiscalía tras la intervención de la Secretaría de Gobernación.
- Tres expedientes se encuentran en proceso de amnistía.
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