Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobaron reformas al Código Penal estatal para imponer penas más severas por el delito de despojo. Las modificaciones castigan con hasta 25 años 6 meses de prisión y mil 500 días de multa, en casos con agravantes.
La medida busca frenar la intervención dolosa de autoridades estatales y municipales, así como evitar casos como el de Carlota “N”, de 74 años, quien en abril cometió homicidio al intentar recuperar su vivienda en Chalco.
¿Qué sanciones se contemplan?
Las penas más altas aplicarán cuando el delito de despojo:
- Incluya documentación falsa para transferir propiedad.
- Involucre la suplantación del legítimo propietario.
- Participe un notario o servidor público de forma dolosa.
- Se ejerza violencia física o moral, como romper cerraduras o forzar accesos.
- Se cometa contra personas vulnerables: mayores de 60 años, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o de pueblos indígenas.
¿Qué reformas se unificaron?
El dictamen integró propuestas de:
- Octavio Martínez Vargas (Morena)
- José Miguel Gutiérrez Morales (Morena)
- La bancada de Movimiento Ciudadano (MC)
¿Cuándo más se aplicará la pena máxima?
- Si se busca obtener lucro indebido.
- Si el despojo ocurre vía mecanismos alternativos de solución de conflictos o acuerdos ilegítimos.
- Si participa personal de notarías sin ser notarios.
- Cuando afecte bienes bajo administración pública estatal o municipal.
¿Qué otras conductas ahora se consideran despojo?
- Impedir el disfrute material de un inmueble ajeno.
- Usar o desviar aguas sin derecho legal.
- Afectar el derecho legítimo de uso de aguas.
- Invadir predios declarados áreas naturales protegidas, con penas de 7 a 12 años de prisión y hasta mil días de multa.
¿Cómo se actualiza la definición de despojo?
El despojo se configura aun cuando el derecho de posesión esté en disputa, lo que cierra espacios a vacíos legales.
¿Qué dijeron los legisladores?
- José Miguel Gutiérrez, Vladimir Hernández, Ana Yurixi Leyva y Ruth Salinas destacaron que la reforma evitará nuevos casos como el de Carlota.
- Octavio Martínez, Vladimir Hernández y Selina Trujillo advirtieron que en este delito opera el crimen organizado y urgieron revisar el papel de la Fiscalía estatal.
¿Qué propuestas se rechazaron?
- La del PVEM para sustituir «persona gestante» por «mujer embarazada».
- La de MC para extender agravantes a todas las mujeres, no solo embarazadas.
Yesica Rojas (Morena) defendió que el término original ya establece una agravante específica.
Contexto
El caso de Carlota “N” reveló cómo adultos mayores enfrentan largos procesos legales para recuperar su patrimonio, a veces sin apoyo institucional. Su caso reavivó el debate sobre el despojo inmobiliario y el uso de figuras jurídicas para despojar ilegalmente a personas vulnerables.
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