Sin explicar su postura y contrario al mandato de un juez federal, los representantes de Agua y Saneamiento de Toluca, y los delegados de la comunidad abandonaron la consulta indígena que se realizó este domingo en la delegación. En esta se deliberaría sobre la Instalación, funcionamiento y operación del pozo de agua ubicado en el Barrio de Santa Rosa de San Andrés Cuexcontitlán.
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La decisión de las autoridades generó que los habitantes de la comunidad se inconformaron, por lo que estuvieron a punto de retenerlos en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en donde se desarrollaba la Asamblea General.
Tras la salida de estas autoridades, la consulta continuó con los representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ellos dieron lectura al acta en donde se estipuló que por unanimidad los asistentes a la asamblea rechazaron que la instalación, funcionamiento y operación del pozo siga recayendo en el ayuntamiento de Toluca.
El largo conflicto por el derecho al agua en San Andrés Cuexcontitlán
El 4 de agosto de 2017, en el gobierno de Fernando Zamora, se puso en funcionamiento el pozo para la extracción de agua —ubicado en Matamoros s/n, sección III, Santa Rosa— , cuya construcción se inició en la administración de Marta Hilda González y costó cerca de 6 millones de pesos.
Posteriormente, la falta de consulta y los altos costos del agua, llevaron a que habitantes afectados interpusieran el juicio de amparo 1324/2017-V. Ahí la sentencia les favoreció y un juez ordenó una consulta que se realizó el pasado 26 de diciembre del 2021.
A la consulta asistieron más de 700 habitantes, quienes aprobaron a mano alzada que la operación del “pozo de agua de San Andrés” —construido por el ayuntamiento de Toluca— se administrara de manera autónoma.
Sin embargo, Agua y Saneamiento no firmó el acta de acuerdos y se inconformó con el proceso ante el juez Segundo de Distrito del Estado de México, quien finalmente les dio la razón. En su resolución, consideró que la comunidad se «extralimitó» en sus acuerdo porque incluyó en el acta que la administración del pozo debía pasar a la comunidad.
Por estas razones, la nueva consulta realizada este domingo contempló la siguiente pregunta: ¿están de acuerdo o no con la instalación, funcionamiento y operación del pozo? No obstante, los asistentes consideraron ambiguo el cuestionamiento.
Una asamblea confrontada
En la asamblea que reunió a cerca de 300 personas, los representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tuvieron complicaciones para esclarecer los motivos del proceso, debido a las interpretaciones legales de un acto que en lo general sintetiza la lucha de los pueblos indígenas por decidir sobre sus recursos naturales.
La falta de claridad sobre los términos legales hizo más difícil la discusión; pese a que todos estaban a favor de administrar el pozo de manera autónoma, la forma en que se planteó la pregunta ocasionó duda en los habitantes de la comunidad a la hora de votar. Temían que su voto contra la instalación, funcionamiento y operación del pozo de agua en San Andrés les generara más problemas como el cierre de las instalaciones.
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Esto llevó a que la representante del INPI, Liliana Velazco Gutiérrez, planteará la pregunta con un agregado ¿Están de acuerdo en que la instalación, funcionamiento y operación del pozo sea por parte de Agua y Saneamiento de Toluca?.
Los asistentes entonces optaron por votar que «no», lo que provocó la inconformidad del jefe del departamento jurídico consultivo de Agua y Saneamiento de Toluca, quien manifestó su rechazo al agregado que hizo el INPI y al verse rebasado optó por abandonar la asamblea.
La decisión molestó a los habitantes de San Andrés quienes se acercaron para detenerlo. Sin embargo, en ese momento intervino el abogado de la comunidad y la policía municipal para evitar que la situación pudiera escalar a un linchamiento.
«Vienen a burlarse del pueblo»
Al concluir la asamblea, Juan Carlos González Díaz, abogado de la parte quejosa de San Andrés, expresó en entrevista su balance sobre la respuesta de Agua y Saneamiento.
«Creo que la autoridad responsable, en este caso Agua y Saneamiento, como siempre trata de menospreciar a los compañeros de San Andrés. Con una salida abrupta, la intención es reventar la asamblea para que el juez federal no la vuelva aprobar».
De acuerdo con el abogado y la representante del INPI, el juez mandató al ayuntamiento a que debía firmar el acta de acuerdos y en su caso manifestar su inconformidad.
«El juez especificó muy bien que si no estábamos de acuerdo en algo se asentara; pero que la tenían que firmar todos y ellos estaban sabidos», señaló el licenciado Juan Carlos González.
Por esta razón se mostró confiado de que el juez valide la consulta, aunque no descartó que en el peor escenario deba repetirse.
Finalmente, cuestionó la actitud del representante del ayuntamiento de Toluca:
«El pueblo la verdad si se enojó y esas actitudes pueden causar un problema más grave. Qué bueno que no pasó a mayores; pero esa burla de que vienen y tratan de hablar con ellos y luego se salen sin llegar a un arreglo es una señal de que solo vienen a burlarse del pueblo».