Toluca, Estado de México; 9 de octubre de 2019.- El abogado Paulo Díez Gargari pidió al gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo revisar y dejar sin efectos la contratación de la empresa KPMG para auditar tanto el Viaducto Bicentenario, como el Circuito Exterior Mexiquense, e investigar quiénes realizaron esa contratación.
A través de su cuenta de Twitter dio a conocer que la empresa ya había sido contratada por la propia Aleática y concluyó que todo estaba bien en la concesión, por lo cual es previsible que se volverá a decir lo mismo.
Te puede interesar: Gobierno del Edoméx manipuló licitaciones para favorecer a OHL
Emprende abogado acción legal para liberar de peaje al Viaducto
Durante su comparecencia ante los legisladores locales el primero de octubre, el secretario de Comunicaciones, Gilberto Limón, anunció que desde el mes de noviembre del año pasado inició la revisión a ambas concesiones para determinar cómo se comportó en el pasado la concesión y ver el esquema financiero para determinar cómo se recuperará la inversión.
El abogado, quien ha cuestionado las concesiones de OHL y Aleatica y ha presentado denuncias advirtió que no fue licitada públicamente y desde mayo del 2015 Aleática encargó y pagó ciertas auditorías “supuestamente independientes” para verificar que las operaciones relacionadas con las concesiones para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario y del Circuito Exterior Mexiquense y sus modificaciones cumplieron con la legislación aplicable.
En una carta dirigida al mandatario estatal refiere que la empresa contratada se hará cargo de lo mismo que ya le había encargado Aleática hace unos años. El 16 de julio del 2015, explica, se publicaron las conclusiones donde los auditores determinaron que los títulos de concesión, sus modificaciones y el nuevo régimen tarifario cumplen con la legislación aplicable.“Abarcando el derecho que emana del título de concesión del Circuito exterior Mexiquense de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 10%y del título de concesión del Viaducto Bicentenario de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 7%”, cita el abogado.
La segunda conclusión fue que la inversión acumulada que ha servido de base para la determinación de la rentabilidad garantizada pendiente de recuperar, incluida la inversión de construcción, está debidamente aprobada por la autoridad y que la política contable establecida para determinar, reconocer y registrar la rentabilidad garantizada se encuentra dentro de las normas internacionales financieras.
Díez reprochó que a pesar de eso el gobierno haya decidido contratar a la misma empresa para verificar el monto de inversión original y la pendiente de recuperar, pues ya emitió conclusiones que seguramente serán las mismas.
“Pero si KPMG ya se pronunció sobre estos temas, y pagado por Aleática, dijo que todo estaba bien con la inversión y las tarifas, y hasta con ese falso activo denominado “rentabilidad garantizada” que tanto el Gobierno del estado, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han dicho que no existe”.
Lee más en: Mientras que en España la investigan, en México OHL no paga ni sus multas
Inacabable la corrupción en el gobierno de Peña Nieto
En la misiva cuestiona por qué el gobierno contrata a la empresa que ya se pronunció para que le diga lo mismo que concluyó en 2015, pero ahora pagado con recursos públicos; advierte que podrían presumirse posibles delitos para proteger a Aleática, a sus “socios y amigos en el Gobierno del estado de México” y en el “peñanietismo”.
También advierte que tanto la concesionaria, como las autoridades al parecer quieren revestir de una “aparente legalidad” un acuerdo previo para liberar de responsabilidad a esa empresa y que el gobierno no disminuya la inversión de Aleática en el Viaducto, ni cobre la multa que se impuso hace unos años.
Refiere en su carta que desde mayo del 2019 KPMG emitió un supuesto “informe pericial contable” en un juicio ordinario civil, relacionado con Circuito exterior, en el que se vuelve a afirmar que todo está bien con la inversión, las tarifas, la “rentabilidad garantizada” y el plazo de la concesión.
Por ello pide al gobernador que la auditoría se revise y se deje sin efectos y se deslinden responsabilidades civiles, administrativas y penales de quienes participaron en la contratación y se presenten denuncias ante la Fiscalía General de Justicia.