Toluca, México; 7 de marzo de 2018. Un juez con sede en Nezahualcóyotl vinculó a proceso a los ex alcaldes de Coacalco, Erwin Castelán y David Sánchez Isidoro, así como a otros 29 ex funcionarios públicos de ese municipio por desacato de una orden judicial por indemnización de un trabajador que demandó haber sido despedido injustificadamente.
El caso sienta un precedente para la evaluación de las funciones de los servidores públicos en el Estado de México, y es una decisión inédita en el entorno político mexiquense.
El pasado 16 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución del alcalde en funciones, Erwin Castelán Enríquez, en ese momento presidente municipal de Coacalco, por haber incumplido una orden judicial referente a una indemnización a un trabajador por despido injustificado que ascendía a 4.1 millones de pesos, a favor de Julián Domínguez Zamudio.
El gobierno de Castelán, así como el de su predecesor, quien actualmente es diputado federal con licencia, David Sánchez Isidoro, no pagaron el laudo argumentando que las finanzas municipales no estaban en condiciones de hacer ese gasto, por lo que desatendieron la orden del Poder Judicial de la Federación.
Ante este hecho, el Poder Judicial federal destituyó a Castelán y a 29 funcionarios de su administración y de la de Sánchez Isidoro.
Posteriormente, la LIX Legislatura del Estado de México convocó a un periodo extraordinario de sesiones el 16 de febrero, en donde se elegiría al alcalde sustituto de ese municipio del oriente de la entidad, pues el alcalde y regidores suplentes se negaron a asumir las funciones de gobierno de Coacalco.
Por lo anterior, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el gobernador del Estado de México propuso candidatos para que la Legislatura seleccionara al candidato idóneo para las funciones de gobierno de Coacalco. Esa terna fue conformada por José Gabriel Pawling, Guillermo Martínez Zamora y Gustavo Lara Esquivel.
En sesión extraordinaria el Poder Legislativo del Estado de México designó a Pawling como nuevo edil de Coacalco, quien hasta ese entonces se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de dicha demarcación.
El proceso judicial quedó en pie, y el pasado miércoles 28 de febrero el Poder Judicial de la Federación inició el proceso penal contra Erwin Castelán, David Sánchez Isidoro, y algunos miembros de sus respectivos gabinetes.
Ayer se realizó la segunda audiencia del caso. El juez Enrique Beltrán que lleva el caso informó que existen elementos suficientes para procesar y presumir la responsabilidad de los ex servidores públicos en el delito de desacato al Poder Judicial Federal. Beltrán dio a conocer que el Ayuntamiento destinó recursos públicos para otros rubros de menor importancia.
El portal Plana Mayor informó que el juez que lleva el caso indicó que el Ayuntamiento de Coacalco destinó 12 millones de pesos para la celebración de fiestas patrias, y no apartaron recursos para cubrir el laudo que data de abril del 2013. También indicó que en la administración de Sánchez Isidoro el Ayuntamiento de Coacalco obtuvo un presupuesto total de 800 millones de pesos, sin que destinara algún recurso para cubrir sus obligaciones en materia de amparos laborales.
Así las cosas, la Justicia federal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, lapso en el cual los dos ex presidentes municipales tendrán que demostrar su inocencia por los cargos que se les imputa, de lo contrario serán procesados por desacato a las instituciones de Justicia de la federación.
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