La abogada y activista indígena amuzga, Kenia Hernández, podría llegar a una salida alterna en caso de concretarse la audiencia intermedia sobre su causa penal. En junio de 2020, fue detenida bajo la acusación de presunto robo violento de una cartera con 500 pesos y un celular. En ese momento, ella y su defensa lograron que enfrentara el proceso en libertad mediante una medida cautelar que consistía en firmar mensualmente.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero informó, en un comunicado, que la guerrerense tiene dos opciones: el procedimiento abreviado, es decir, que Kenia acepte que delinquió y, en consecuencia, cargue con antecedentes penales; o el acuerdo reparatorio, que implica no llegar a juicio, no aceptar los hechos ni el delito, y pagar la reparación del daño para solventar el proceso. Esto último depende principalmente de la decisión política de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La petición del presidente López Obrador
El pasado 27 de septiembre, cuatro días antes de concluir su mandato, el presidente López Obrador se refirió al asunto: “A ver si podemos, a ver si con Rosa Icela (Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad). Tenemos hasta el lunes, a ver si se puede lograr”.
“Hemos constatado que Capufe, fácticamente, es una oficina que representa los intereses de las grandes empresas concesionarias de las carreteras privadas de México. No necesariamente siguen las instrucciones de las autoridades superiores”, denunció el activista y abogado Antonio Lara Duque.
Otras voces
Debido a las irregularidades en el juicio de la activista Kenia Hernández Montalbán por robo con agravante en Ecatepec, este debería ser anulado, concluye el Informe de Observación de Juicio: México vs. Kenia Hernández, elaborado por la American Bar Association (ABA).
El caso
A Kenia Hernández –activista amuzga nacida en Guerrero, defensora de los derechos humanos y territoriales– la detuvieron en junio de 2020 por el presunto robo cometido contra una pareja que manejaba hacia la caseta de Las Américas, en Ecatepec, el 19 de marzo de 2020. Según el testimonio de las presuntas víctimas, Kenia y un acompañante varón los amagaron “a punta de pistola”, además de robarles una cartera y un celular. En esa ocasión, Kenia fue liberada poco después de su detención.
Sin embargo, en octubre del mismo año, fue detenida nuevamente y encarcelada por otro caso de robo con agravante. En este segundo caso, se le acusó de haber instruido a dos presuntos cómplices “para que robaran en un peaje durante una manifestación”. Aunque logró obtener su libertad una vez más, el día de su liberación fue reaprehendida por ataques a las vías públicas.
Lee también: Hay abuso procesal en el caso de Kenia Hernández: American Bar Association
Kenia fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Coatlán del Río, un penal de alta seguridad en Morelos. Desde su ingreso a ese Cefereso, se han abierto seis causas penales más en su contra.
Cuando en febrero de 2021 inició el juicio en Ecatepec por robo con agravante, Kenia no pudo comparecer en persona porque, según una evaluación del penal morelense, existía el riesgo de que, durante el trayecto de la prisión a los juzgados, “otras personas intentaran liberarla”. En consecuencia, tuvo que participar por videoconferencia desde el centro de detención.
Irregularidades en el proceso
En ese proceso, señala el informe de la ABA, Kenia padeció una serie de irregularidades que atentaron contra sus derechos:
- El Cefereso le negó su derecho a la presencialidad en el juicio. El juez tampoco accedió a trasladarla a un penal más cercano al juzgado.
- Se violó su derecho a la participación efectiva, ya que no se garantizó la calidad del internet en prisión. De hecho, las audiencias se aplazaron en nueve ocasiones debido a fallos en la conexión.
- No se le permitió la comunicación confidencial con su equipo de defensa. El Cefereso negó la entrada a su abogado, argumentando restricciones por la pandemia de Covid-19.
- No se presentaron pruebas que sustentaran la condena por robo con agravante. Según el informe, al analizar los datos de geolocalización del celular de Kenia, un experto concluyó que ella se encontraba a unas ocho o nueve horas del lugar donde se cometió el presunto delito.
- Se violó la garantía de no discriminación. A Kenia se le negó un intérprete en su lengua materna –amuzgo–; además, cuando se le dictó prisión preventiva, el juez desestimó incorporar una perspectiva de género, argumentando que ella “no era lo suficientemente sumisa y era demasiado inteligente”.
Videocolumna publicada en 2021
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