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Hay abuso procesal en el caso de Kenia Hernández: American Bar Association

Las anomalías en el juicio de la activista contemplan la falta de pruebas que la incriminen como responsable de robo con agravante

Debido a las irregularidades que hubo en el juicio de la activista Kenia Hernández Montalbán por robo con agravante en Ecatepec, este debería ser anulado, concluye el “Informe de Observación de Juicio: México vs. Kenia Hernández”, elaborado por la American Bar Association (ABA).

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Una sentencia de 11 años y 3 meses en prisión

Kenia Hernández –activista amuzga, nacida en Guerrero, defensora de los derechos humanos y territoriales– fue detenida en junio de 2020 por el presunto robo cometido contra una pareja que manejaba “hacia la caseta de Las Américas, en Ecatepec, el 19 de marzo de 2020”, relata el informe. De acuerdo con el testimonio de las presuntas víctimas, Kenia y un acompañante varón los amagaron “a punta de pistola”, además les robaron una cartera y un celular. En esa ocasión, Kenia salió en libertad poco después de que la detuvieron.

Sin embargo, en octubre del mismo año nuevamente la detuvieron y la encarcelaron por robo con agravante en un caso distinto. Esa vez se le acusó de haber instruido a dos presuntos cómplices “para que robaran en un peaje durante una manifestación” y aunque nuevamente logró ser excarcelada, el día de su liberación la volvieron a aprender por ataques a las vías públicas

A Kenia la trasladaron entonces al Centro Federal de Readaptación Social de Coatlán de Río, un penal de alta seguridad en Morelos y que llegó a ese Cefereso se han abierto seis causas penales más en su contra.

Cuando en febrero de 2021 inició el juicio en Ecatepec por robo con agravante, Kenia no pudo comparecer en persona porque, según una evaluación del penal morelense, existía el riesgo de que durante el trayecto de la prisión a los juzgados “otras personas intentaran liberarla”. Kenia Hernández “se vio obligada a participar por videoconferencia desde el centro de detención”.

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Más de un año después, en marzo de 2022, la activista fue declarada culpable y sentenciada a 11 años y tres meses de prisión. En curso se mantienen otras causas penales en su contra.

Irregularidades en el proceso

En ese proceso, señala el informe de la ABA, Kenia padeció una serie de irregularidades que atentaron contra sus derechos.

  1. El Cefereso le negó su derecho a la presencialidad en el juicio; el juez tampoco accedió a que la activista se trasladara a un penal más cercano al juzgado donde se le enjuiciaría.
  2. Se violó su derecho a la participación efectiva, pues no se garantizó la calidad del Internet en prisión. De hecho, en 9 ocasiones se aplazaron las audiencias por fallos en la conexión.
  3. No se le permitió la comunicación confidencial con su equipo de defensa. El Cefereso negó la entrada a su abogado, bajo el argumento de las consideraciones por covid-19.
  4. Tampoco hubo pruebas que sustentaran la condena por robo con agravante. El informe menciona que al analizar los datos de geolocalización del celular de Kenia, un experto concluyó que ella se encontraba a unas 8 o 9 horas del lugar donde se cometió el presunto delito.
  5. Las autoridades violaron la garantía de no discriminación. A la activista se le negó un intérprete en su lengua materna —amuzgo—; además, cuando se le dictó prisión preventiva, el juez negó la incorporación de perspectiva de género pues ella “no era lo suficientemente sumisa y era demasiado inteligente”.

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Luego observar las irregularidades y violaciones a sus derechos humanos, concluye el informe, el juicio en Ecatepec por robo agravado, presuntamente cometido por Kenia Hernández Montalbán, debería ser anulado.

Defensores de derechos humanos piden liberación de Kenia Hernández

Además de la ABA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos externó su preocupación por la “presunta criminalización” de Kenia Hernández y exhortó a los Estados a que garanticen un ambiente “propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos”, tarea realizada por las y los activistas.

Hace un par de meses, también diversas organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; en ella rechazaron la criminalización que sufre la activista amuzga.