La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció este martes en Chihuahua que su partido solicitará juicio político para desaforar a la gobernadora panista, María Eugenia Campos. La acción legislativa deriva de la operación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio nacional, específicamente en ese estado . El hecho agudiza la crisis política e institucional entre la federación y la oposición.
“Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. Nosotros mantenemos un esquema de cooperación –México con Estados Unidos– en materia de cooperación y estrategias, pero estableciendo claramente que la operación en territorio solo es de México y de sus instituciones de seguridad. Por eso, nosotros vamos a pedir el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social”, recalcó Montiel en conferencia de prensa.
La solicitud de destitución trasciende por representar un choque directo contra las normativas de soberanía y seguridad fronteriza. La causa principal del conflicto obedece a la incursión de fuerzas de inteligencia estadounidenses durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. Las leyes mexicanas prohíben estrictamente que elementos foráneos realicen labores tácticas o armadas sin aval federal. El gobierno estatal omitió informar a las mesas nacionales de seguridad sobre este operativo conjunto, rompiendo los protocolos de cooperación bilateral pactados por la administración central.
La confrontación escaló tras confirmarse el fallecimiento de dos agentes extranjeros durante los enfrentamientos del pasado 19 de abril en la zona serrana. Como efecto inmediato de esta opacidad gubernamental, Morena convocó a una protesta masiva para el próximo sábado 16 de mayo a las 16:00 horas, partiendo de la Glorieta de Pancho Villa. La Presidenta Claudia Sheinbaum sentenció que la autorización de operativos internacionales autónomos viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La mandataria estatal rechazó comparecer ante el Senado para esclarecer los hechos, intensificando el reclamo oficial.
La pugna ilustra el colapso de la coordinación de inteligencia entre el gobierno federal y las entidades administradas por fuerzas opositoras. La intervención unilateral de agencias internacionales expone las vulnerabilidades de las corporaciones locales frente a la supremacía operativa del crimen organizado. El rechazo a la rendición de cuentas parlamentaria revela una fractura en los mecanismos republicanos de control institucional. La dinámica fronteriza evidencia un vacío donde actores externos asumen roles reservados para las fuerzas de seguridad nacionales. Esta crisis reconfigura las reglas del federalismo en el combate al narcotráfico.
El expediente del juicio político ingresará a la Cámara de Diputados para su evaluación técnica y eventual votación. Está en juego la titularidad del Ejecutivo estatal y el rediseño de las políticas de intervención extranjera. La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá abiertas las carpetas de investigación para esclarecer los hechos en la sierra tarahumara. Las resoluciones ministeriales definirán las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados. La movilización ciudadana del fin de semana medirá el impacto social del conflicto.
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